Bogotá.- La Fiscalía General de Colombia reabrió una investigación contra el productor estadounidense de fruta Chiquita Brands International Inc. por hacer pagos en el país sudamericano a escuadrones paramilitares de ultraderecha, anunció el sábado el jefe del organismo investigador.

La investigación, que había sido cerrada por la misma Fiscalía, está relacionada con un proceso en el que Estados Unidos multó con 25 millones de dólares a Chiquita, que se declaró culpable de hacer negocios con una organización terrorista.

"La Fiscalía General revocó la decisión adoptada precluyendo la investigación a favor de los empresarios y directivos de Chiquita Brands. Esto significa que vamos a reabrir esa investigación, se revoca la preclusión", dijo a periodistas el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, quien precisó que el proceso cobija a 13 directivos de esa empresa.

La firma estadounidense, que hizo los pagos a través de una subsidiaria que vendió en el 2004, admitió haber pagado más de 1,7 millones de dólares desde 1997 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización de paramilitares que fue declarada como terrorista por Washington en el 2001.

La empresa aseguró inicialmente que realizó los pagos para proteger a sus trabajadores después de recibir amenazas de los paramilitares así como de las guerrillas izquierdistas.

La Fiscalía colombiana inició la investigación en el 2007 después de que ex comandantes de los escuadrones paramilitares, actualmente en prisiones de Estados Unidos luego de que fueron extraditados por incumplir los acuerdos de una negociación de paz con el Gobierno, confesaron que recibieron apoyo económico de las empresas bananeras.

Cuando Colombia anunció la apertura de la investigación que después cerró, dijo que podría pedir la extradición de ejecutivos de Chiquita implicados en pagos a los paramilitares, grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por terratenientes, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes para protegerse de los ataques de la guerrilla.

A esos escuadrones se les acusa de cometer violaciones a los derechos humanos en medio de un conflicto interno de más de cinco décadas que azota al país sudamericano y que cobra miles de víctimas.

Los paramilitares entregaron las armas y se desmovilizaron en una negociación de paz durante el Gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, pero la mayoría de sus combatientes retomaron las armas y conformaron bandas criminales al servicio del narcotráfico.

Chiquita Brands enfrenta la demanda de unos 4.000 colombianos en una corte federal de Estados Unidos por los daños y perjuicios que ellos y sus familiares sufrieron por parte de los paramilitares, al que la empresa estadounidense admitió haber pagado para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

El fiscal Montealegre dijo que la investigación se extenderá a otras empresas bananeras para establecer si también financiaron grupos paramilitares.

ERP