La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el martes que decidirá si el presidente Barack Obama tiene la autoridad de aprobar que a millones de inmigrantes ilegales se les permita permanecer y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación.

El tribunal probablemente escuchará el caso en abril para dar un fallo antes de junio. La decisión proporciona una última oportunidad para que la administración ponga en práctica las medidas migratorias anunciadas por Obama en el 2014; antes de que el presidente deje el cargo en enero próximo. El programa afectaría a cerca de 4 millones de personas.

El programa de Obama, llamado Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés ), permitiría a los inmigrantes ilegales en dichas categorías poder permanecer en el país y solicitar permisos de trabajo si han permanecido en EU por más de cinco años y si no han cometido delitos graves o repetidas faltas.

Los magistrados dijeron que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Obama, en momentos en que se aviva una campaña por las candidaturas presidenciales ya cargada por el tema.

El tema de la inmigración ha confundido al Congreso, dejándolo políticamente en punto muerto y convirtiéndose en uno de los principales puntos de desacuerdo entre los candidatos demócratas y los republicanos a la presidencia.

El gobierno de Texas lidera a 26 estados, en su mayoría republicanos, que han impugnado el plan de inmigración de la administración demócrata.

Hasta el momento, los tribunales federales se han alineado con los gobiernos estatales al evitar que el gobierno emitiera permisos de trabajo, con lo que los inmigrantes habrían comenzado a recibir algunas prestaciones federales.

Si al final los magistrados respaldan al gobierno de Obama, al presidente le quedarían aproximadamente siete meses para poner en práctica sus planes. Confiamos en que las políticas serán ratificadas como legales , dijo la vocera de la Casa Blanca, Brandi Hoffine, luego de conocerse la acción de la corte el martes.

Obama dijo a finales del 2014 que su plan permitiría a las personas que han vivido en EU por más de cinco años y que tienen hijos que residen legalmente en el país salir de las sombras y cumplir con la ley .

Texas encabezó rápidamente una impugnación legal al programa y hasta el momento ha ganado todos los casos en juzgados. Más recientemente, en noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de los estados, lo que provocó que el gobierno federal apelara a la Corte Suprema.

La Casa Blanca ha alegado que Texas y los demás estados ni siquiera tienen derecho a impugnar el plan en tribunales federales.

Los tribunales inferiores decidieron que Texas sí tiene el derecho de demandar, porque al menos 500,000 personas que viven en Texas calificarían para recibir permisos de trabajo y, por lo tanto, podrían obtener licencias de conducir, cuyo costo es subsidiado por el estado. Texas incurriría en millones de dólares de gastos , dijo el estado en su comunicado a la Corte Suprema.

Los magistrados también dijeron que analizarán si Obama excedió la autoridad que le confieren las leyes federales y la Constitución.

Obama ha alegado que debió actuar por cuenta propia, luego de que el Congreso no aprobó una amplia reforma de inmigración. Un programa previo que no ha sido impugnado, llamado Deferred Action for Childhood Arrivals, ya protege a los inmigrantes que fueron llevados al país sin autorización durante su niñez. Más de 720,000 jóvenes inmigrantes han recibido permiso bajo ese programa para vivir y trabajar en EU.

La Casa Blanca también dio un giro en sus acciones de control para enfocarse en delincuentes, aquellos que representan una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública y personas que cruzaron recientemente las fronteras.