Existen pocos indicios de que el presidente Barack Obama pueda lograr el apoyo conservador necesario para que el Tribunal Supremo del EU reactive su plan migratorio, que protegería a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación y les otorgaría el derecho a trabajar legalmente en el país.

Ayer en la Corte Suprema, conservadores y liberales parecían divididos sobre la decisión de reactivar o detener definitivamente las medidas de Obama un empate cuatro a cuatro haría que la decisión fuese turnada a un tribunal inferior . El fallo de la Corte Suprema del país podría afectar a cerca de 4 millones de inmigrantes indocumentados que han estado en el país desde el 2010 y que cuentan con vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses.

Durante las preguntas y comentarios, que forman parte del análisis del caso, la administración de Obama no recibió el apoyo del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts Jr. o del juez, Anthony Kennedy, que eran los ministros considerados para apoyar las medidas de Obama. Pero en este caso, los argumentos orales podrían no contar toda la historia.

A raíz de la muerte de Antonin Scalia, el tribunal parece preocupado por tener demasiados casos importantes que podrían resultar con una decisión dividida. Por lo que se ha mostrado dispuesto a llegar a extremos inusuales para tratar de encontrar un consenso, algo que podría ocurrir con las medidas de Obama, ahora que el caso sea argumentado en privado.

Pero en 90 minutos de argumentos, los jueces mostraron una brecha común: los conservadores apoyaban las quejas de Texas y otros 25 estados sobre que la acción ejecutiva de Obama ha ido demasiado lejos, y los cuatro liberales de la corte afirmaban que parecía un poder que otros presidentes han ejercido antes.

La ambiciosa agenda social de Obama y la oposición republicana sobre ella fue otra de las batallas perdurables que el tribunal debe sopesar.

Los jueces se enfrentan a una enorme tensión sobre los poderes de Obama: por una parte, si el presidente está usando correctamente los poderes sustanciales de su oficina para impulsar a la nación más allá de la parálisis política o si se han ignorado los límites constitucionales para imponer unilateralmente políticas que deberían requerir el consentimiento del Congreso.

El programa de inmigración de Obama, conocido como la Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA), permitiría que los inmigrantes ilegales con hijos estadounidenses permanezcan en el país y soliciten permisos de trabajo si han estado en EU por lo menos cinco años y no han cometido delitos graves o faltas repetidas. Obama anunció la acción ejecutiva en noviembre del 2014, después de que los republicanos de la Cámara no actuarán sobre la reforma migratoria integral.

Los gobernadores republicanos y miembros del Congreso argumentan que Obama no tiene el poder para cambiar las leyes migratorias. Cuando anunció las medidas hace 17 meses, Obama dijo que actuaba bajo su propia autoridad, debido a que el Congreso había sido incapaz de reformar el sistema migratorio. El Senado había aprobado una legislación en una votación bipartidista, pero los republicanos en la Cámara de Representantes rehusaron votar la propuesta.

El gobierno y los defensores de los derechos migratorios señalan que las órdenes de Obama no son algo sin precedentes ni mucho menos inusual. En su lugar, aseguran que los programas están planeados con base en los esfuerzos de gobiernos republicanos y demócratas previos para utilizar la discreción al decidir a quién deportar.

Se espera que Corte Suprema decida antes de finales de junio si tales programas pueden implementarse en los últimos meses de la presidencia de Obama.