La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado aprobó este miércoles por unanimidad la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que acaba con el llamado fuero privilegiado para las autoridades. La PEC pasa ahora al pleno del Senado y a sesión extraordinaria, lo que garantizará que sea votada en corto tiempo.

En el texto se acuerda que las cerca de 34 mil autoridades que poseen algún privilegio de fuero por cuenta de la función que ocupan en el país responderá a la Corte Inferior de Justicia. El fuero sólo lo conservarán los jefes de cada uno de los Poderes el presidente de la República, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal y el presidente del Supremo Tribunal Federal.

Si la PEC es aprobada por el pleno del Senado y después por la Cámara de Diputados, todos los parlamentarios investigados por el caso Lava Jato quedarían bajo la atención del juez Sergio Vivo, responsable de la operación en el primer caso. Gobernadores y alcaldes que sean procesados también perderían el fuero.

Las autoridades serán juzgadas por el juez local donde se haya cometido el crimen, dijo Randolfe Rodrigues (del partido político Red), relator de la PEC. "Todos los investigados que tienen fuero y que están ahora bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia pasarían a la instancia judicial correspondiente: el juez de primera instancia o, si fuera acusación en el ámbito bajo la investigación Lava Jato, a la Sala Federal de Curitiba u otra que esté haciendo la investigación".

Para el senador, el fuero es un remanente aristocrático de la época del Imperio". "Hoy Brasil dio un paso importante en dirección a una república de facto.

La resistencia a la propuesta fue vencida después del acuerdo hecho tras la aprobación del proyecto que aumenta penas para el crimen de abuso de autoridad, que también pasó por la CCJ.

En el parecer, Randolfe anotó aunque traer esas autoridades para la jurisdicción ordinaria hará ese proceso más célere: retirará de la alzada de algunas docenas de ministros y desembargadores procesos que podrán ser potencialmente juzgados por más de 16 mil jueces. Se multiplica exponencialmente el número de julgadores .

Randolfe también señaló que "traer a las autoridades a la justicia ordinaria hará que este proceso sea más rápido: terminará con la revisión de actos por unas pocas docenas de ministros y jueces de procesos que potencialmente pueden ser juzgados por más de 16 mil jueces. Se multiplica exponencialmente el número de jueces".