Recursos federales para estados se estancan en la última década

El presupuesto destinado a estados y municipios para el próximo año, que asciende a 2.81 billones de pesos, será el más pequeño en proporción al gasto total federal desde 1998, reveló un análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), realizado por México Evalúa.

El gasto federalizado –que son los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios mediante participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios– sí es 3% más que en el 2025, pero esta cifra oculta un deterioro real en las finanzas de los gobiernos subnacionales.

En el 2015 se registró el monto más alto de gasto federalizado desde que comenzó el registro –en 1998– con 2.84 billones de pesos, que constituyeron 33.8% del gasto total del gobierno federal.

Para el 2026 el gasto federalizado como porcentaje del gasto total del gobierno federal será de 27.8%, con lo que suman nueve años de retroceso en esta cifra, cuando en el 2017 representó 35% del gasto total, además es el menor porcentaje desde 1998.

En términos reales, el presupuesto estimado para estados y municipios para el año entrante es 1% menor al pico máximo del 2015. Esto significa que, a pesar del paso de una década, los gobiernos locales aún no recuperan la capacidad financiera que tenían entonces.

Cae gasto federalizado per cápita

Para el 2026 se estiman 20,912 pesos de gasto federalizado por habitante, mientras que en el 2015 cada mexicano contaba con 23,200 pesos; la diferencia es de 9.9%, pues ese lapso se estima que la población del país se haya incrementado en 9.8%, es decir, 12 millones de habitantes más.

“El estancamiento del gasto federalizado, junto con el crecimiento poblacional, muestra que la capacidad de estas transferencias para atender necesidades sociales avanza más lento que las propias demandas”, señala el reporte.

Menor cantidad de recursos implica que “hay menos capacidad de política pública en materia de electricidad, alcantarillado, calles, alumbrado, gestión de residuos y seguridad civil, que son las obligaciones de entidades federativas y municipios”, dijo a El Economista, Jorge Eduardo Cano, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa.

Reconfiguración

Esta caída refleja un cambio estructural hacia la centralización de los recursos, “debido a la eliminación de fondos como el Ramo 23 y la modificación de convenios de salud con la entrada en vigor del IMSS-Bienestar, donde los estados le regresaron la responsabilidad de la cobertura, la salud a la Federación y, por lo tanto, los recursos para el mismo tema”, lo que ha llevado a un presupuesto de transferencias a los estados “bastante disminuido”, explicó Jorge Eduardo Cano.

En contraste con la visión de federalismo que predominaba a finales de los años noventa, que partía de la premisa de que los gobiernos locales al estar más cerca de los ciudadanos conocen mejor las necesidades de su población, y por lo tanto debían recibir más recursos, la tendencia actual es la contraria, “bajo argumentos de combate a la corrupción o deficiencia, se está tratando de recortar ese tipo de recursos que se le dan a las entidades federativas”.

Dependencia de la Federación de alrededor de 85%

El sistema de coordinación fiscal parte de un acuerdo central donde los estados ceden a la Federación facultades tributarias relevantes, como la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a cambio de recibir una parte de esos recursos a través de transferencias; si bien esto busca una recaudación más eficiente, el resultado es que en promedio, 85% de los recursos estatales provienen del gasto federalizado, detalla el análisis

“Siempre está sobre la mesa el tema de incrementar la recaudación local o de aprovechar por completo la capacidad del cobro del Predial o de la Tenencia que muchos estados han renunciado, o del Impuesto Sobre Nómina (ISN)”, dijo el coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa.

Ante este escenario, propone que “sí hay que repensar tanto la forma en que está estructurado el pacto fiscal, la capacidad de cobro de los estados y municipios, pero también que lo que ya tienen permitido cobrar, que se haga por completo y en una forma más eficiente”.