Gobierno federal analizará compra de concesión a Aguakan en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Luego de casi dos años de litigio en tribunales, la presidenta Claudia Sheinbaum relevó que se explora la posibilidad de comprarle la concesión de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakan en Quintana Roo. 

La mandataria reveló que exploran esta posibilidad tras considerar que Aguakan ya recuperó el monto de su inversión en el estado, pues opera desde 1990 el servicio de agua potable en la zona norte de Quintana Roo.

“Se está analizando tanto el proceso en el que se le dio la extensión de la concesión de esta empresa, como la posibilidad, incluso porque ellos ya pues han cumplido con la recuperación de la inversión, la posibilidad, incluso de comprar la concesión; se le ha planteado la empresa, lo que pasa es que los precios pues son muy muy altos. Llegaron incluso plantear cerca de 12,000 millones, pues eso sería absurdo pagarlo, entonces se está trabajando en las 2 vías”.

Antecedente

La extensión del contrato al que se refirió la presidente se dio el 11 de noviembre del 2014, cuando la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Aguakan, hasta 2053, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad, hoy renombrado como Playa del Carmen. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.

La prórroga anticipada fue concedida por el entonces gobernador Roberto Borge Angulo —hoy preso— y la presidencia municipal de Mauricio Góngora en Solidaridad.

En su momento distintas voces denunciaron que la ampliación del contrato se pactó de espaldas a la ciudadanía y en violación a disposiciones municipales que tajantemente prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable.

Entre las disposiciones locales que presuntamente se violaron se encuentra el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual habría constituido otra ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, que obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en 2014.

A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de 1,050 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la cual entregó el dinero íntegramente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de donde desaparecieron y constituye una de las líneas de investigación contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo.

Actualmente Aguakan se encuentra amparada tras lograr la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo a finales de 2023 que canceló la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado que opera esta empresa desde 1990.

Es decir, con esta medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo de Distrito, la concesionaria ha podido seguir prestando sus servicios en Benito Juárez (Cancún); Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, hasta que el juicio se resuelva de fondo.

El decreto 195 que fue aprobado por el Congreso de Quintana Roo, apenas en diciembre de 2023, establece que el contrato de agua potable otorgado en 1990 expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello el decreto previo de 2014 , año en el que el entonces gobernador Roberto Borge concedió la ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.

La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva a inicios de 2024.

El gobierno de Quintana Roo interpuso una impugnación contra la medida provisional, argumentando que el contrato ampliado por el ex gobernador Borge en 2014 estuvo viciado de origen.

Al no prosperar esta impugnación, el gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo se acusó a la empresa de haber incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.