Derivado del deslave del cerro del Chiquihuite, así como del sismo que se registró el 7 de septiembre, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) solicitó que para el ejercicio presupuestal de las demarcaciones se etiqueten recursos para atender las diferentes zonas de riesgo de la urbe.

“Consideramos que es fundamental que nuestro Congreso de la Ciudad de México etiquete fondos para las alcaldías a fin de que podamos invertir de manera coordinada con la Secretaría de Protección Civil en donde existen riesgos”, detalló en conferencia de prensa, la vocera actual de la UNACDMX, Lía Limón García.

La también alcaldesa electa de Álvaro Obregón indicó que como alianza tienen identificado que hay 70 zonas de deslave en la capital (principalmente concentradas en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Cuajimalpa), en los cuales se podrían generar daños similares a los del cerro del Chiquihuite.

A la par, detalló que están identificando si hay áreas más peligrosas en cada alcaldía que integra la UNACDMX, ya sea donde existe mayor riesgo de inundaciones, deslaves y zonas sísmicas.

Lía Limón sostuvo que buscan que parte de los recursos etiquetados sean utilizados para la actualización de los atlas de riesgos de cada demarcación, ya que en muchas alcaldías no están al día.

En tanto, reveló que se busca que el otro monto de recursos se destine para que cada alcaldía invierta con trabajos de prevención en sus zonas de riesgos.

Por su parte, el alcalde electo de Magdalena Contreras,  Luis Gerardo Quijano, informó que buscan que regrese el otro fondo para desastres con el que contaba la urbe, ya que originalmente se tenían dos a nivel local.

Reportó que la urbe cuenta con el Fonaden, pero desde el segundo trimestre del 2020 no se han hecho públicos los reportes sobre la situación de los recursos. 

“Tenemos que saber en qué se gasta el dinero, sabemos que son recursos que se tomaron para el tema de la pandemia, pero no sabemos cómo se encuentran actualmente”, dijo.

La alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, puntualizó que también buscarán que los recursos etiquetados se utilicen para garantizar el funcionamiento de las alertas sísmicas y que también puedan haber más. 

“Este fondo de prevención en buena medida podría servir para que no solamente las alertas sísmicas sí funcionen, no solamente al 100%, así es como deben de funcionar, funcionen bien, se oigan fuertes, se oiga claro y haya un poco más de alertas”, agregó.

Transición

Los alcaldes electos dieron a conocer que en la transiciones de gobiernos están detectando anomalías en el ejercicio de recursos públicos y por ende les preocupa que no se cuente con el dinero necesario para el último trimestre del año. 

Por ello, exigieron que las administraciones salientes amplíen los contratos de renta de patrullas y servicios públicos, como lo permite la Ley, hasta 25 por ciento.

“Es para que las y los ciudadanos no se queden sin patrullas, policías y servicios como bacheo, alumbrado público, fugas de agua, podas y recolección de basura”, señalaron.

Asimismo, solicitaron una ampliación líquida para hacer frente a la operación diaria de las administraciones que empezarán el 1 de octubre y que no les dejen adeudos ni compromisos de pago.

Reiteraron que denunciarán las anomalías ante la Contraloría.

kg