Reforzar Ley de Disciplina Financiera, necesario para desarrollo económico

Si se desea generar desarrollo y crecimiento económico para los estados y municipios del país en esta administración federal, se deben resolver varios pendientes, entre ellos, fortalecer la Ley de Disciplina Financiera y otorgar mayores facultades recaudatorias locales, aseguraron especialistas y autoridades pertenecientes al sector financiero.

Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recordó que en los últimos 10 años los estados y municipios han vivido tres cambios de paradigmas: la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual se han hecho cambios en las transferencias presupuestales; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que homologó y transparentó las cuentas públicas, y la Ley de Disciplina Financiera, que puso un candado al endeudamiento.

“En el 2016 llegó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y terminó siendo el complemento final de este paquete de leyes que han evitado generar un mayor endeudamiento para las entidades federativas. Sin embargo, aún quedan grandes pendientes para tener un mejor control de las finanzas públicas y lograr un mayor desarrollo”, dijo durante la mesa “Panorama para el sector de estados y municipios: atribuciones fiscales, deuda y gobernanza” del seminario anual de Moody’s, titulado Inside LatAm 2019 México.

En ese sentido, acotó que este paquete de leyes no es suficiente, ya que actualmente la Ley de Disciplina Financiera no permite saber con claridad el origen de deuda y “hay un descontrol”.

“Lo que ocurre es que tenemos un Sistema de Alertas que permite que varias entidades se endeuden a la par, no hay un mecanismo que permita que se atiendan los casos particulares y coloque topes presupuestales. Tenemos una administración federal nueva cuya política pública busca el desarrollo social y económico, hay que aprovechar este mensaje para lograr resolver este gran tema”, ahondó.

Barriga Delgado propuso que un mecanismo que podría permitir un mejor manejo de la deuda sería hacer una reforma que esté enfocada en efectuar auditorías estatales y municipales.

“Lo que se propone es crear una reforma, donde la Auditoría Superior de la Federación tenga más facultades para auditar a cada entidad federativa, así sabríamos qué se ha hecho mal”, señaló.

Por su parte, Antonio García Carreño, director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), coincidió en que se debe crear una legislación que permita auditar a todos los entes estatales y municipales.

Aseguró que también se tienen que revisar las garantías de pago y las formas para adquirir financiamientos, ya que esto ha provocado que muchas entidades adquieran créditos sin regulaciones correctas.

“Crear una reforma que permita auditar sería un mecanismo que fortalecería a la Ley de Disciplina Financiera, también hay que atender el Sistema de Alertas, el cual debe ser más riguroso ya que hay entidades que están mostrando comportamientos preocupantes, pero por no estar en el semáforo rojo, técnicamente no preocupa al sector público”, recalcó.

La Ley de Disciplina Financiera fue creada en el 2016, cuya aplicación comenzó en este ejercicio fiscal con todas sus modificaciones; tiene como objetivo evitar que los niveles de endeudamiento aumenten, frenando las prácticas que los gobiernos locales tenían anteriormente de contratar deuda sin control.

Este marco regulatorio establece el Sistema de Alertas, el cual clasifica el nivel de endeudamiento de la entidad en tres niveles: sostenible (semáforo verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo), a través de tres indicadores: largo plazo, costo financiero y corto plazo.

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al que podrían acceder los estados: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones.

Homologación de cobros

El auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF subrayó que además de resolver la cuestión del endeudamiento para lograr un desarrollo y crecimiento económico, se tiene que atender el tema de la recaudación local.

En ese sentido, aseveró que es primordial que salga una reforma federal que permita homologar el cobro de impuestos locales, por ejemplo, que todas las entidades puedan hacer el cobro de Predial y de Tenencia.

“Lo que se tiene que trabajar en este sexenio es por una reforma federal que asegure que en todas las entidades federativas cobren impuestos locales, que no haya excepciones de que en una entidad no se cobra Tenencia y en otra sí. Los recursos que se recauden ayudarían a las entidades con mayores participaciones, tendrían más dinero”, puntualizó.

Es importante recordar que las participaciones federales es el rubro más importante del gasto federalizado, y depende del nivel de recaudación, el cual se determina por la actividad económica y petrolera.

García Carreño refirió que si se les otorgan mayores facultades administrativas a las entidades, éstas podrían tener mayor viabilidad financiera y no tendrían acudir a préstamos bancarios.

“Lo que hoy vemos es que los estados tienen presupuestos insuficientes y muestran debilidad en sus haciendas públicas, por lo mismo acuden a préstamos bancarios para pagar deuda, esto no es rentable ni para la institución bancaria, porque se busca generar préstamos para desarrollar obras”, sostuvo.

“Es entonces que podemos afirmar que si las entidades federativas tienen un marco regulatorio eficaz que evita un endeudamiento, y además de ello, cuentas con más recursos propios, se podría garantizar un crecimiento y desarrollo económico. Es importante resolver estos dos pendientes”, agregó.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los ingresos totales de las 32 entidades durante el 2018, 22.9% corresponde a ingresos propios (impuestos, cuotas, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, entre otros rubros), mientras el resto proviene del gasto federalizado (participaciones, aportaciones, convenios, subsidios y transferencias).

Aunque hay estados como Guerrero que dependen en gran medida de la Federación, ya que apenas 2.4% de sus ingresos totales es propio.

Más mecanismos

El director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de Banobras puntualizó que también es necesario que las entidades cuenten con más mecanismos, donde la banca pueda ayudarlos a desarrollar infraestructura.

“Para que una entidad tenga desarrollo económico necesita potencializar su infraestructura, porque los inversionistas y las instituciones privadas contemplan qué tan bien comunicado está un estado. Muchas entidades están rezagadas porque no cuentan con conectividad terrestre y es necesario crear mecanismos donde la banca pueda ayudarlos”, subrayó.

¿Qué es el Sistema de Alertas?

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición (ILD).

La Ley de Disciplina Financiera establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre ILD, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ILD y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.

De acuerdo con el resultado obtenido, el nivel de endeudamiento se clasifica en tres niveles: sostenible (verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo).

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al que podrían acceder las entidades: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus ILD; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones.

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