El gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo enfrenta con éxito las adversidades como la crisis financiera, el desequilibrio económico y la inseguridad heredada de la anterior administración, con una estrategia de impulso al sector turístico, el cual contribuye con 16.5% al Producto Interno Bruto de este sector a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El plan del nuevo gobierno, que inició en octubre del 2016, incluye acciones para apuntalar a la economía estatal, relacionadas con el rescate a las policías, la Fiscalía y juzgados, así como a las instituciones de vigilancia e impartición de justicia, desarticulando con ello el blindaje de impundad generado por el anterior gobierno, encabezado por Roberto Borge Martín.

Joaquín González informó que en enero del 2017 el empleo registró un crecimiento de 9.7% a tasa anual, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al compararlo con diciembre del 2016, el incremento fue de 2.4 por ciento.

Como parte de su estrategia de impulso al sector turístico, incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador anunció la construcción de ocho nuevos hoteles en el estado y un proyecto de promoción turística que incluye un plan de seguridad.

Al rescate de la seguridad

El gobierno proyecta instalar este año 4,000 cámaras de vigilancia, que controlará mediante un centro de mando C5 y aumentar la fuerza policiaca del estado de 150 a 500 elementos, esto llevará tiempo por los procesos de certificación que impone la legislación, pero avanza con la integración de más de 50 nuevos elementos certificados desde el inicio de la administración.

Otro aspecto clave es el equipamiento de los cuerpos policiacos de los municipios de Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Cozumel y de la policía estatal.

La administración encabezada por Carlos Joaquín solicitó apoyo del gobierno federal con 300 efectivos de la Policía Federal para reforzar la prevención del delito.

Desde la perspectiva del rescate de las instituciones de procuración de justicia, la estrategia de reforzamiento de la seguridad estatal incluye la remoción de mandos directivos de la Fiscalía, donde la parte más compleja consiste en la depuración de los ministerios públicos, así como de la policía ministerial.

Se plantea también el reforzamiento del Tribunal Superior de Justicia estatal con tres nuevos magistrados, aumentando de nueve a 12, necesarios para reforzar la impartición de justicia.

Asimismo, se avanza en desarticular el blindaje de impunidad del exgobernador Roberto Borge, con la salida del fiscal nombrado por este último y la firma de acuerdo para reforzar procuración de justicia.

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