En días recientes se publicó el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE 2015), que realiza cada año el Instituto Mexicano para la Competitividad. Este informe reveló que gran parte de los estados no cumple con la armonización de sus finanzas públicas, como lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de transparencia fiscal y financiera.

El IIPE mide la calidad de la información presupuestal que está disponible para los ciudadanos y verifica que se cumplan las obligaciones normativas más importantes. Una entidad a la que no le interesa la rendición de cuentas es sinónimo de opacidad y falta de gobernanza.

El objetivo de este indicador es mostrar la mejora en la calidad de la información de las finanzas públicas, a través de un presupuesto transparente, y que la ciudadanía esté enterada de en qué se están gastando los recursos públicos.

Para alcanzar ese objetivo resulta fundamental una correcta planeación, programación y presupuestación del gasto público, mediante una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos que sean claros, ordenados y con la máxima publicidad de sus partidas, de tal manera que sea sencillo para el ciudadano entender los beneficios sociales y su contribución a la atención de los diversos servicios públicos.

Para esta evaluación, Coahuila, Jalisco y Puebla tienen un cumplimiento de 100%, debido a que presentan de forma oficial la información sobre los recursos que asignan a sus dependencias, tabuladores y sueldos a funcionarios, así como su situación en deuda pública.

El cuarto puesto es para Chiapas (97%) y el quinto lugar lo ocupa Guanajuato (95%); por su parte, Tabasco ocupa el séptimo lugar (93%), con una puntuación bastante buena, ya que en el 2008 cumplía tan sólo con 49% de la evaluación global.

Los estados reprobados son Quintana Roo, con el cumplimiento más bajo (50%), seguido por Michoacán (52%), y con el mismo porcentaje, Zacatecas y Distrito Federal (56 por ciento).

Las finanzas públicas estatales enfrentan grandes desafíos, como la alta dependencia de los estados a las participaciones y aportaciones federales; afortunadamente para ellos, el gobierno federal garantiza los niveles del año anterior, así que los bajos precios del petróleo no implicarán una reducción importante en dichas transferencias.

Sin embargo, el esfuerzo recaudatorio de cada entidad y organismo estatal o municipal permite márgenes de maniobra que facilitan el cumplimiento de sus propios compromisos.

Aunque la deuda pública es una herramienta para el financiamiento del desarrollo, un gobierno responsable también lo es en el manejo de su deuda. En ese sentido, el IIPE 2015 dedica un apartado a este concepto, ya que pareciera que hoy existe una fuerte percepción de un sobreendeudamiento del orden local, lo que se suma a las nuevas obligaciones derivadas de la recientemente aprobada Ley de Disciplina Financiera.

Por otro lado, a finales del 2012, se modificó la Ley General de Contabilidad Gubernamental para prorrogar las obligaciones de estados y municipios en materia de armonización contable. A pesar de que dicha prórroga finalizó en el 2014, el IIPE muestra que, de manera general, sólo 65% de estos órdenes de gobierno la ha cumplido.

Habría que concluir que este tipo de análisis y ejercicios de transparencia obligan a que México y sus ciudadanos demandemos gobiernos abiertos.

En la Federación de Colegios de Economistas estamos convencidos de que con mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, pero sobre todo, con orden y disciplina en las finanzas públicas, alcanzaremos el México Posible.

* La autora es presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC.