Si hay algo seguro en Tabasco, es que en octubre habrá inundaciones. La única incertidumbre es de qué intensidad será el desastre.

En marzo de 2008, medio año después de las severas inundaciones de 2007 (que, según cifras oficiales dejaron un saldo de millón y medio de damnificados, daños materiales por más de 2,900 millones de dólares de ese año o lo equivalente a 29.3% del PIB estatal y 17 municipios declarados zona de desastre), un grupo de investigadores de los institutos Politécnico Nacional, de Ingeniería de la UNAM, Mexicano de Tecnología del Agua  y Mexicano del Petróleo, así como del Colegio de Posgraduados de Chapingo, presentaron un informe al Senado de la República en el que asentaron las causas de las inundaciones en esa parte de México.

Documentaron que la alta vulnerabilidad a las inundaciones de esa entidad se debe, entre otros factores, a la presencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo; y la disminución de la capacidad de los causes de los afluentes; así como a la falta de infraestructura hidráulica de control en los ríos de la sierra, Usumacinta y Carrizal y de un plan integral de manejo de crecientes.

Además, en Villahermosa, desde el siglo XVI, se han realizado una serie de cortes a los ríos, llamados rompimientos, que han alterado sus rutas de escurrimiento y que parecen más contribuciones al desastre, que a la solución de sus problemas de inundación.

 

Fuente: Codehutab

 

A 12 años de distancia, las cosas poco han cambiado. Hoy, buena parte del territorio tabasqueño está convertido oficialmente en zona de desastre y miles de personas llevan viviendo más de una semana en poblaciones donde el agua literalmente les llega al cuello.

El 9 de noviembre pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural, con lo cual Tabasco puede acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres —el mismo que hace unas semanas el gobierno federal decidió eliminar, pero dejará de existir el 31 de diciembre de 2020— para apoyar a la población de Cárdenas, Centro (Villahermosa), Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Macuspana y Nacajuca.

Diversos estudios señalan que se tienen registros de que, por lo menos, desde 1879 se detectó que en esa entidad ocurre un ciclo de inundaciones mayores cada 10 años.

Y es que, al menos 60% del territorio tabasqueño es inundable, pues se trata de una planicie aluvial formada por el delta del sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, que desaguan los escurrimientos de la parte central de los altos de Chiapas y parte de los altos del Petén guatemalteco.

De acuerdo con el análisis “A 10 años del desastre en Tabasco. Inundaciones, entre la injusticia y el abandono”, realizado por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), 30% del agua dulce de todo el país circula por esa entidad, después de atravesar por cuatro de las más grandes presas hidroeléctricas del país, Peñitas, Angostura, Malpaso y Chicoasén, el río Mezcalapa-Carrizal (Grijalva en Chiapas), penetra a través de varios ríos, hasta internarse en el estado. A eso se le suma el río más caudaloso de México, el Usumacinta, atravesando el estado para desembocar en el Golfo de México.

Los años pasan, el agua baja año con año, las presas desfogan y parece que la autoridad sólo atina a cambiar de estrategia o hacerle ajustes a la inmediata anterior, pero el problema continúa.

Una historia de proyectos integrales

Según la Codehutab, en 2003 el gobierno del estado, encabezado por el priista Manuel Andrade Díaz y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmaron un acuerdo para implementar el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI). Se previó un presupuesto de 2,060 millones de pesos, pero solo se ejercieron 1,033 millones. Obviamente no sirvió porque ocurrieron las severas inundaciones de 2007.

En 2008, el entonces gobernador, Andrés Garnier Melo y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentaron el ambicioso Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), con un presupuesto de arranque de 9,377 millones de pesos.

La Conagua replanteo los planes y se presentó el Plan Hídrico Integral de Tabasco (actualizado), con intervenciones gubernamentales para desarrollar entre 2011 y 2012.

El PHIT estaba integrado por tres etapas: primera, con el Plan de Acciones Urgentes (PAU), que comprendió de noviembre de 2007 a diciembre de 2008 y en esta fase se ejercieron 1,817 millones de pesos; segunda, con el Plan de Acción Inmediata (PAI), la que comprende de enero de 2009 a diciembre de 2010, con un ejercicio presupuestal de 2,335.60 millones de pesos y la tercera, contempló los estudios y acciones de mediano y largo plazos y va de enero de 2011 a diciembre de 2012, con asignaciones en 2011 por 2,073.41 millones de pesos y para 2012 de 1,749.34 millones de pesos.

De acuerdo con los libros blancos del PHIT, los objetivos específicos planteados para realizarse en las primera y segunda etapas de ejecución se alcanzaron satisfactoriamente.

Para octubre de 2012, de los 9,377 millones de pesos contemplados para el PHIT estaban pendientes de asignar 1,400 millones de pesos.

Fue el plan que planteaba tareas a largo plazo, pero no se le dio continuidad.

En ese sentido, Efraín Rodríguez León, director jurídico, del Codehutab, dijo que a pesar de que hubo varios planes específicos para prevenir inundaciones en el estado, las obras siempre quedaron inconclusas.

En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas, según consta en la recomendación 061/2011 al gobierno del estado, ocho ayuntamientos y a la Conagua.

Entre septiembre de 2010 y enero de 2011, la CNDH inició 51 expedientes relacionados con las afectaciones derivadas de inundaciones, a las que se fueron acumulando las quejas presentadas, hasta julio de 2011, por habitantes de 60 comunidades tabasqueñas y rancherías de ocho municipios, donde 5,710 personas resultaron denunciaron afectaciones de la Conagua, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno del estado y los ayuntamientos de Centro (Villahermosa), Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca. No hubo avances sustanciales en su cumplimiento.

En 2013, con la llegada de gobernador Arturo Núñez Jiménez, postulado por una coalición encabezada por el PRD, se implementó el Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas y luego el Programa Hidráulico de Tabasco (Prohtab).

Hasta 2016 ese programa llevaba 7% de avance de obras de infraestructura hidroagrícola; 71% en obras en materia de alertamiento y 100% en obras de mantenimiento de agua potable, drenaje y alcantarillado había ejercido 993 millones 235, 250 pesos, de los 7,300 destinados.

En 2014, damnificados por inundaciones del municipio de Centla, presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (expediente P-1915-14) en la que denunciaron que, ante reiteradas inundaciones, la gente estaba en enorme rezago social y pobreza extrema, además de daños psicológicos.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública (folio 1610100109420) realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) entre 2012 y 2020, la Conagua canalizó 3,214.54 millones de pesos en obras que tenían como objetivo evitar las inundaciones en el estado.

 

 

Gestión de las presas

Entre los factores que generan las inundaciones de la planicie tabasqueña destacan el sistema de ríos que bajan de la sierra, cuyo curso pasa por las inmediaciones de Villahermosa, y el río Usumacinta, que generan escurrimientos sin control.

Asimismo, la cuenca proveniente del complejo hidroeléctrico Grijalva, formado por el sistema de presas Belisario Domínguez (La Angostura), Manuel Moreno Torres (Chicoasén), Netzahualcóyotl (Malpaso) y Ángel Albino Corzo (Peñitas).

En los últimos días, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández afirmó que las inundaciones ocurridas en en la entidad fueron por el mal cálculo en el desfogue de las presas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pasado sábado 7 se llenó la presa Peñitas, y, ante el riesgo de que reventara, los técnicos de la CFE y Conagua resolvieron extraer 2,500 metros cúbicos por segundo.

Para darse una idea de la cantidad de agua que soltaron de esa presa y fue a dar a Tabasco, habría que recordar que el 21 de octubre de 2017 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) expuso que si se desfogan 2,000 metros cúbicos por segundo se libera una cantidad tal que podría llenar el estadio Azteca en tan sólo 15 minutos.

 

El gobernador demandará a la CFE y al director de ésta le da risa

Lo cierto es que el gobierno del estado ha decidido demandar a la CFE para que pague los daños ocasionados a sus gobernados. Sin embargo, el director general de la Comisión, Manuel Bartlett rechazó que la dependencia a su cargo tenga alguna responsabilidad y dijo que “hay gente que anda buscando a ver a quien le echa la culpa de su torpeza” y comentó que esa demanda le daba risa.

La semana pasada se reunieron en Palacio Nacional los gobernadores de Tabasco, Chiapas y Veracruz, los secretarios de Marina y Defensa, así como los directores de Conagua y la CFE, entre otros, con el fin de analizar las acciones a seguir.

De acuerdo con el presidente López Obrador el plan de atención a damnificados será por etapas: una garantizar el refugio a los afectados, trasladándolos a albergues y proporcionales alimentos; la segunda, entregar dinero de manera directa a las familias. Así se hicieron en las inundaciones pasadas cuando, según el mandatario, entregaron 10,000 pesos a cada una de las 38,000 familias afectadas.

Dijo que actualmente hay 35,000 familias damnificadas y se está esperando a que baje el nivel del agua para hacer un censo y luego entregarles apoyos de manera directa.

En la reunión del martes se acordó un plan que consiste en pedirle a la Marina que compre dragas para desazolvar los ríos e integrar un plan de control de los desfogues de las presas que administra la CFE y Conagua.

Este periódico le preguntó al Gobernador de Tabasco sobre las acciones acordadas con el gobierno federal para hacer frente a la situación. Contestó que habrá una serie de obras de infraestructura que ayuden a prevenir inundaciones, que van desde dragado, canales de contención y apoyos a damnificados.

Indicó que la próxima semana se definirán las acciones a ejecutar y “se va a trabajar seguramente en los primeros días de diciembre”.

Al preguntarle sobre los daños a la economía mencionó: “se daña gravemente, pero pues Tabasco va a salir adelante. Es mucho pueblo para tan poca lluvia”.

Se esperará a que cedan las inundaciones para aplicar programas de apoyos directos a los productores. El gobernador no tiene una estimación de los daños económicos ocasionado por el desastre.

Gobierno y organizaciones sociales se vuelcan a apoyar

Eduviges Palacios Caritas, directora de Caritas Tabasco explicó a El Economista que alrededor de 65,000 personas, de 14 de los 17 municipios que integran la entidad, han resultado damnificadas, tanto de las inundaciones generadas por las lluvias del 29 de septiembre, como las ocurridas a finales de octubre y principios de noviembre.

Los mayores estragos están en pueblos de Macuspana, Tlacotalpa, Centla, Centro y Jalapa.

Rafael Zaleta, de Pastoral Social de Tabasco informó que organizaciones de la sociedad civil se han volcado a ayudar a los damnificados, además de la Cruz Roja, el Ejercito, la Marina y otras instituciones de gobierno. Actualmente hay activos 195 refugios temporales.

Miles de casas están bajo el agua, decenas de familias duermen y comen donde pueden, fuera de sus hogares. El Fonden agoniza, el Presidente se apresta a repartir dinero, sin intermediarios, entre el pueblo damnificado, el gobernador se agarra a palabrazos con el director de la CFE y la Marina tiene otro encargo: comprar dragas y chalanas para rascar los ríos. El agua sigue escurriendo.

diego.badillo@eleconomista.mx