Tras la aprobación del Paquete Económico 2017 el pasado 15 de diciembre por el Congreso de Zacatecas, que contempla un gravamen ecológico, empresas y sindicatos, se han proclamado en contra de este impuesto.

En la Ley de Ingresos del gobierno local se tiene previsto recaudar para el ejercicio fiscal de este año 1,230 millones de pesos por esta carga impositiva, que representa 54.0% de los impuestos totales, distribuidos, principalmente, por: remediación ambiental en la extracción de materiales, 400 millones; emisión de gases a la atmósfera, 130 millones; emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, 200 millones, y por el depósito o almacenamiento de residuos, 200 millones de pesos.

Ante este panorama, el secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, Carlos Pavón Campos, aseguró en entrevista con El Economista que se trata de un impuesto con fines recaudatorios mas no ecológicos, que busca tapar los boquetes económicos que tienen las anteriores administraciones por un déficit de 12,000 millones de pesos; destacó que entre 25 y 30% de la actividad económica en Zacatecas proviene de la minería no petrolera.

Asimismo, esta carga se sumó al impuesto de 7.5% a las utilidades que se cobra desde el 2014 y que alimenta al Fondo Minero, lo que provocó que ya se contemple el cierre de la Mina Madero, que dejaría sin empleo a casi 1,200 trabajadores.

Las mineras están regidas por dependencias federales y Semarnat tiene que cumplir con las normas existentes a nivel mundial y nacional , añadió.

Pavón Campos sostuvo que continuarán con todos los medios legales a su alcance, así como de manifestación social pacífica, para echar atrás el gravamen ecológico, con el cual se pretende que algunos cuantos sanen el déficit en las finanzas de Zacatecas.

Agregó que México necesita fuentes de trabajo y con estos impuestos lo que están haciendo es que los inversionistas ya no inviertan en Zacatecas. Hay minas en otros estados que garantizan mejores condiciones .

Presentan amparo

El pasado 10 de febrero, el Sindicato presentó ante el juez segundo de Distrito en Zacatecas, Miguel Ángel Mancilla, un juicio de amparo contra la aplicación del impuesto.

Con esta impugnación, las secciones 62 de la Minera Fresnillo; la 72 de la Minera Saucito; la 102 de la Minera Madero y la 261 de la Minera Tayahua pertenecientes al Sindicato en la entidad, esperan que se eche atrás la carga impositiva.

En los alegatos se habla de inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda, así como violación de la garantía de legalidad en materia tributaria, por lo que se solicita la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por las secciones mineras.

El líder sindical manifestó que la industria minera no sólo cumple con toda la regulación federal en materia ambiental, sino que paga todos los impuestos que marca la ley y que van desde el ISR, el derecho minero, derecho de concesiones, prediales, sobre nómina, entre otros.

Mandatario se reúne con trabajadores del sector

Ayer el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, atendió de manera personal a un grupo de mineros que se manifestaban a las afueras de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Fresnillo, y les explicó los alcances que tiene el impuesto ecológico, afirmándoles que son los dueños de las empresas quienes deben pagar ese gravamen y de ninguna manera debe afectar el ingreso de las utilidades de los trabajadores.

A fin de no perjudicar a los trabajadores, el pasado 1 de febrero el gobernador determinó emitir un decreto gubernativo para garantizar la no afectación de los empleados de las empresas sujetas al pago del impuesto ecológico.

El objetivo del decreto es obligar a las empresas a acreditar ante la Secretaría de Finanzas contra el impuesto a su cargo, un importe equivalente a la afectación que pudiese darse en la participación de utilidades de los trabajadores, para lo cual estarán obligadas a entregar dicho importe a sus empleados.

Es decir, el gobierno estatal dejará de percibir 10% del total del impuesto ecológico para no afectar el reparto de utilidades a los trabajadores de las minas y, a la par, recaudar de las grandes empresas un nuevo impuesto.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Otilio Rivera Herrera, informó que el impuesto ecológico permitirá realizar más obras y acciones de beneficio social y equilibrio ecológico, como es el caso de operación de los servicios de salud y la construcción de plantas tratadoras de agua y rellenos sanitarios.

Este gravamen, agregó, será sólo para las empresas contaminantes y de ninguna manera alterará el ingreso de los trabajadores mineros.

ilse.becerril@eleconomista.mx