La Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios abarca cinco ejes que van más allá de sólo hablar de la deuda pública de los estados: reglas de presupuesto y del ejercicio de gasto, sistemas de alerta que mide el nivel de endeudamiento, contratación de obligaciones financieras, Registro Público Único y deuda estatal garantizada o el aval federal.

Así lo refirió la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marcela Andrade Martínez, quien añadió que se trata de la única normativa que abarca todos los ejes. Esta ley aplica también a los organismos, no sólo a entidades y municipios .

Durante el Foro Perspectiva de la Deuda Pública Subnacional, que se llevó a cabo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mencionó que desde hace tres años las obligaciones financieras muestran un mejor comportamiento y representan 3.1% del Producto Interno Bruto nacional.

Asimismo, Andrade Martínez destacó que la contratación de deuda no debe ser satanizada ; sin embargo, es necesaria una planeación por parte de estados y municipios, así como un análisis de planes a desarrollar, si se endeudan que sea para proyectos muy específicos que se puedan ver , expresó.

En tanto, la secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Minerva Hernández, expuso que hace 15 años cada mexicano debía en promedio 981 pesos por concepto de pasivos de los estados, mientras que hoy en día es de más de 4,600 pesos.

Respecto a los nuevos gobiernos en estados que actualmente se encuentran en niveles altos de endeudamiento, como Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz expuso que se enfrentan a una compleja situación por los pasivos heredados, por lo que es necesario hacer buen uso de los recursos asignados.

Es necesaria la rendición de cuentas y transparencia (...) nos estamos enfrentando a un problema de deuda subnacional , dijo.

Recomendaciones

Al participar en el panel La Implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios: un Nuevo Ambiente de Control de la Deuda Pública, especialistas en el tema emanaron una serie de recomendaciones para un mejor funcionamiento de este marco normativo.

El director general de Análisis e Investigación Económica de la ASF, Ricardo Miranda, acentuó aspectos que podrían mejorar en el modelo institucional: definir en la ley el concepto de sostenibilidad y los indicadores para medirla a corto, mediano y largo plazo; evitar el sesgo deficitario que implica tomar en cuenta el financiamiento para calcular los balances presupuestarios, y establecer medidas para asegurar que los pasivos de corto plazo con proveedores y contratistas se reporten de forma completa y veraz.

Otros puntos importantes son definir la normativa y los mecanismos institucionales óptimos para determinar, medir y dictaminar la capacidad de pago de un ente público, así como sus proyecciones confiables a mediano y largo plazo; regular los procesos de entrega-recepción de la Tesorería de las entidades y de los municipios para asegurar transparencia, rendición de cuentas y control de las finanzas públicas en los cambios de administración, y publicar en la cuenta pública un informe de los pasivos contingentes con evaluación de los riesgos por las garantías a la deuda.

El director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad, Ricardo Corona Real, enfatizó que la deuda estatal garantizada no podrá exceder 3.5% del PIB, aunque hay un riesgo de rebasar ese límite.

Es necesario, demarcó, un sistema de subasta pública, donde los bancos compitan por ofrecer las mejores tasas, con las condiciones más bajas y transparentes; asimismo, asegurar que la deuda pública sea utilizada como instrumento de financiamiento de inversión productiva.

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