Puebla, Pue. Alrededor de 200 empresas de seguridad privada que operan en el estado de Puebla serán obligadas a registrarse en un padrón estatal, además de que deben aplicar pruebas de confianza a sus elementos, ya que de no cumplir se harán acreedoras a multas hasta de 500 días de salario mínimo, o incluso una clausura.

El diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Francisco Rodríguez Álvarez, comentó que tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada en noviembre pasado, se les dio un tiempo de dos meses a ese tipo de negocios para que se regularicen.

Refirió que la entidad es pionera en este tema, ya que ha detectado que varias empresas, principalmente foráneas, operan sin permiso y no cumplen con asegurar y dar prestaciones a sus elementos o garantizar que están capacitados para prestar el servicio.

Explicó que el padrón estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la cual tendrá que vigilar e inspeccionar a las empresas que operen en la entidad.

Anteriormente, la Secretaría General de Gobierno tenía a su cargo la regulación de ese sector, aunque –admitió- no se tuvo seguimiento.

Lineamientos

Rodríguez Álvarez expuso que como parte de la contratación de personal, los aspirantes deben hacer un examen en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado y queda prohibido reclutar sin el registro vigente expedido por la SSP.

Agregó que se exige que los elementos no hayan sido separados de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada.

Los empleados tienen toda la información del traslado de valores, movimientos del personal y operaciones al interior de una empresa, y al no ser supervisados se han presentado algunos hechos donde han sido cómplices de delitos , apuntó.

Más empresas

El delegado de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad (Anainse), Agustín Ortiz Figueroa, comentó que la proliferación de más proveedoras de seguridad privada obedece a que se han ido incrementando en forma sensible los delitos del fuero común -robo a industrias, comercios, casa habitación y de vehículos-, principalmente en la angelópolis.

Comentó que en los últimos 12 años, el estado pasó de tener 80 a 200 empresas, lo que representó un incremento de 150%, sin embargo, sólo 58.7% -117- de estos negocios tienen licencias estatal o federal para dar el servicio.

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