Tijuana, BC. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, al menos 52% de las obras en la ciudad es asignado a constructoras de otros estados del país.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tijuana, Gabriel Valenzuela Moreno, mencionó que los gobiernos locales deben dar facilidades a las constructoras de la entidad, ya que cuentan con la suficiente capacidad para hacer frente a los proyectos que se ejecutan en el estado.

La exigencia del organismo, advirtió, es que las autoridades den preferencia a las empresas locales en la asignación de obras públicas, además de que exista mejor manejo y más transparencia en el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Valenzuela Moreno sostuvo que desde la legislación pasada los constructores han estado pugnando por modificar la Ley de Obras Públicas, a fin de obtener esa ventaja para las empresas locales, por considerar injusto que compañías foráneas que no tributan en la región obtengan las obras.

El presidente de la Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, indicó que no ha sido suficiente la inversión pública de la administración estatal, además de que no se les ha proporcionado a los organismos empresariales la información sobre a qué se están destinando los recursos públicos.

“No digo que no tengan la capacidad esas empresas, pero creo que tenemos muy buenas constructoras a nivel regional como para que estén invitando a gente de otros estados. Tenemos que darle prioridad a la gente de la ciudad y el estado”, ahondó.

El presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en Tijuana, Tecate y Rosarito, Luis Carlos Soto, expuso que para el año en curso continúa la tendencia de no apostar por este rubro que ha reducido su presupuesto en más de 50% en los últimos cinco años, lo que representará importantes retos para el sector.

Disminución

De acuerdo con la CMIC en Tijuana, la inversión pública de las administraciones locales disminuyó 70% desde que iniciaron los recortes.

Por ejemplo, en el 2014 Baja California destinó alrededor de 4,500 millones de pesos para obra pública, mientras que para el 2018 el presupuesto apenas rebasó los 600 millones y para el 2019 no esperan que supere la última cifra.

“La falta de recursos por parte del gobierno federal, el desorden administrativo que tiene el gobierno estatal, generan incertidumbre”, aseguró.

La preocupación del sector constructor no se limita a que las obras sean desarrolladas y financiadas sólo por el gobierno, sino también para que el esquema de las APP sea transparente en su totalidad.

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