Guadalajara, Jal. Luego de que el gobernador Aristóteles Sandoval anunciara el pasado domingo la cancelación anticipada del contrato con la empresa Autotraffic, responsable de operar el programa de fotoinfracciones en la entidad, diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que dicha decisión costará al erario al menos 100 millones de pesos.

El diputado emecista Alejandro Hermosillo González anticipó que los legisladores de ese partido presentarán una propuesta con un nuevo diseño de operación del programa.

Vamos a instalar una mesa de personas que sí saben del tema, a las que sí les importa la seguridad vial, que sí quieren que las cosas mejoren y que le digan al gobierno del estado cómo deben hacer un programa de fotoinfracciones con el apoyo tecnológico para prevenir accidentes. No confiamos en que ahora que lo tomen ellos lo vayan a hacer de forma correcta , señaló Hermosillo González.

Hasta ahora, la compañía concesionaria era responsable de operar y dar mantenimiento tanto a radares como a cámaras, y a cambio obtenía 40% del total de las multas.

Al cancelar el contrato, el gobierno estatal se hará cargo de la operación del equipo y sólo pagará una mínima y justa contraprestación por concepto de mantenimiento , según informó el Ejecutivo del estado, quien anunció asimismo la creación de un fideicomiso que permitirá que la totalidad del recurso captado por fotoinfracciones se destine a obras de infraestructura vial.

Sin embargo, para el diputado Hermosillo González, pese a que el gobierno estatal no pagará penalización por la cancelación anticipada del contrato, es un hecho que deberá hacer erogaciones por la adquisición de los equipos y los pagos pendientes.

La pregunta es por qué vamos a pagar las malas decisiones que tomó el equipo de trabajo del gobernador; por qué vamos a pagar lo que hace unos meses se sentaron a renegociar los términos del contrato , señaló el diputado, quien forma parte de la comisión de Movilidad en el Congreso local.

Revisión financiera

En tanto, el diputado Augusto Valencia anticipó que pedirán a la Auditoría Superior del estado una revisión financiera al programa y, en específico, al destino que se le dio a los 1,200 millones de pesos que, expuso, ha captado el gobierno estatal a través del programa de fotoinfracción en la presente administración.

El anuncio del gobernador no aclara malos manejos del programa; es necesario que la Contraloría haga la revisión al programa , insistió.

Del 1 de abril al 2 de mayo del presente año, el programa fue suspendido por instrucciones del mandatario Aristóteles Sandoval, quien solicitó que durante ese lapso se instalaran señalamientos claros de la ubicación de radares y cámaras, así como de los límites de velocidad permitidos, además de que se calibraran los equipos y se buscara una certificación que diera garantía de su correcta operación técnica.

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