La inconformidad de 11 empresas constructoras de San Luis Potosí ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la práctica recurrente del gobierno municipal de declarar licitaciones de obra pública desiertas para asignarlas directamente a firmas de reciente creación o de otras entidades es un hecho “sin precedente que ayudará a generar mayor transparencia en los procesos”, porque la autoridad les dio la razón, afirmó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Ramírez Leal afirmó que la dependencia dio la razón a las firmas que participaron en el concurso para desarrollar una vialidad y un paso inferior vehicular que implica más de 250 millones de pesos en El Saucito, San Luis Potosí, y que tenía el mismo procedimiento denunciado, por lo que se evitó dar la obra a una empresa directamente.

“Nosotros hemos pedido que nuestros asociados denuncien para que se tomen acciones correctivas. No queremos que se sigan pisoteando los derechos en algunos estados o municipios donde los órganos de control forman parte del gobierno local y no había pasado nada. La decisión de las 11 empresas fue muy oportuna y nosotros los apoyamos en todo el tema legal”, comentó en entrevista.

El representante empresarial consideró que el inédito hecho va a generar que otras delegaciones de la CMIC puedan tomar medidas similares porque se van a dar cuenta de que sí hay solución a uno de sus añejos problemas.

En el caso de la obra referida, los denunciantes hicieron los procedimientos requeridos ante la SFP y con ello evitaron que las autoridades municipales hicieran una nueva adjudicación directa.

Ayer, la CMIC explicó que luego de seis meses de espera, la secretaría emitió su resolución a favor de los constructores.

“Conforme los expedientes 269 al 274 de la SFP, se encontraron los elementos suficientes para emitir un fallo a favor de los afiliados a la CMIC, por lo que la administración municipal tiene hasta el miércoles primero de agosto para determinar cuál de las 11 empresas llevará a cabo el proyecto”, se informó.

Intervención

Sobre ese proceso, el presidente de la cámara dijo que las constructoras locales pidieron su intervención ante las autoridades federales luego de haber enviado sus escritos previos con todos los elementos que argumentaron su dicho de que las adjudicaciones directas se estaban volviendo algo cotidiano, luego de que se declararan desiertas las licitaciones a pesar de que las propuestas de los participantes cumplían con los requisitos planteados.

Respecto a la decisión de que se podría pensar que la CMIC local está generando un mecanismo de defensa para quedarse con todas las obras, Eduardo Ramírez refirió que “tenemos que ser respetuosos de la ley y respetar la libre competencia”.

“Hemos dicho que si en un municipio o estado las mejores condiciones en términos técnicos, equipos, materiales de la zona y personal calificado lo presentan las empresas locales, con su respectiva evaluación, no es posible que de otros estados más lejanos puedan ser más competitivos en costo. Hablo de obras donde la mayor parte de las empresas podamos participar como pavimentos, carreteras o puentes, porque si hubiera obras más específicas entendemos que los requerimientos son otros”, indicó.

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