Cancún, QR. el ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) no pudo explicar cómo y en qué emplearía un crédito por 1,030 millones de pesos, que le fue autorizado por el Congreso de Quintana Roo en junio pasado, por lo que la Unidad de Programas Coordinados Federación-Estados del gobierno federal detuvo su liberación.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal electa del municipio de Solidaridad, informó en conferencia de prensa que por falta de transparencia del presidente municipal de Solidaridad, Rafael Castro Castro , y su tesorero, Gabriel Castro Cárdenas, la Federación congeló el nuevo endeudamiento que pretendía consumar el saliente gobierno municipal.

La Unidad de Programas Coordinados Federación-Estados del gobierno federal le pidió al gobierno de Solidaridad que explicara las condiciones en las que se concedería el crédito y especialmente para qué proyectos se usaría, y dado que no han dado respuesta plena, se ha detenido la liberación del crédito , dijo.

El presidente municipal Castro Castro no pudo demostrar que el crédito solicitado iba a ser destinado a obra productiva, tal como lo marca la ley de deuda, lo cual también fue un señalamiento que la propia alcaldesa electa hizo cuando se opuso a la autorización del nuevo crédito en el último tramo del trienio.

Torres Gómez dijo que el ayuntamiento tiene aún 15 días para tratar de despejar las dudas marcadas por la Unidad de Programas Coordinados Federación-Estados; dependerá del contenido de esa respuesta si el crédito es finalmente otorgado.

En caso de que la Federación descongelase la autorización del crédito, adelantó, prepararían un recurso por la vía judicial para tratar de impedir que se consume el nuevo endeudamiento de Solidaridad.

Nivel de endeudamiento

Durante la gestión del pasado presidente municipal (2013-2016), Mauricio Góngora, también excandidato a la gubernatura de Quintana Roo en las recientes elecciones, Solidaridad pasó a ocupar el primer lugar nacional en deuda per cápita, lo que significa que los solidarenses adeudan cada uno a los bancos 3,713 pesos; seguidos por los ciudadanos de Nuevo Laredo, con 2,407 pesos, y los de Nogales, Sonora, con 2,271 pesos, de acuerdo con la consultoría aregional.

Al cierre del 2015 la deuda bancaria de largo plazo de Solidaridad ascendió a 762.8 millones, equivalente a 0.53 veces los ingresos fiscales ordinarios (IFO), según el último reporte de Fitch Ratings, que colocó en perspectiva Negativa las finanzas este municipio.

Dicho reporte del 26 de abril del 2016 también bajó la calificación a A(mex)vra desde +(mex)vra’ del financiamiento bancario Interacciones 14, por un monto inicial de 780 millones de pesos, con saldo de 762.8 millones al cierre del 2015.

Fitch Ratings indica en el documento que la perspectiva Negativa de las finanzas municipales se fundamenta en los balances deficitarios continuos que presenta el municipio. Éstos detonaron en un crecimiento del pasivo circulante y presionaron su posición de liquidez. Además, los indicadores de sostenibilidad son bajos, el gasto operacional, abultado, y la generación de ahorro interno (AI) ha sido volátil y, en promedio, débil durante el periodo de análisis .

Condiciones del crédito

El crédito que Solidaridad busca concretar con Bansi fue aprobado por el Congreso del estado durante las sesiones extraordinarias que tuvieron lugar en sedes alternas para aprobar también el paquete de impunidad del actual gobernador Roberto Borge Angulo.

El ayuntamiento dio a conocer en su momento que Bansi ofreció las mejores condiciones de pago para el nuevo empréstito, las cuales consisten en el financiamiento de 767 millones 983,321 pesos, a una tasa de interés ordinario de 6.75%, lo cual implica que el ayuntamiento estará obligado a cubrir 51.8 millones de pesos de intereses durante el primer año del crédito, con una comisión de disposición-estructuración de 1% respecto del monto total del crédito, que equivale a 8 millones 908,000 pesos.

El total de intereses ordinarios más comisión que pagará la comuna anualmente asciende a los 60.7 millones de pesos, con una tasa efectiva estimada de 7.91%, según se lee en el documento dado a conocer por el ayuntamiento.

Refinanciamiento con Bansi

Aunque el gobierno municipal desglosa en el documento las condiciones del refinanciamiento por 767 millones de pesos, especifica al final del mismo que en realidad el monto contratado con Bansi es por la cantidad de 1,030 millones de pesos: En atención a la propuesta de Banco Bansi, en donde se indica que los costos que ofrece se mantendrán bajo la prerrogativa de colocar el total de la petición formulada por el municipio, es decir, el equivalente a 1,030 millones de pesos, ya que precisamente por la oferta y demanda, aunado a las variaciones del mercado financiero y los escenarios macroeconómicos de índole internacional, tiene un impacto en los procesos de oferta con la consecuente repercusión hacia el alza .

Es decir, se mantienen la misma tasa y el mismo porcentaje de comisión, pero no sobre un crédito de 767 millones de pesos, sino sobre uno de 1,030 millones de pesos, lo cual supone un incremento en las obligaciones mensuales que deberá pagar el ayuntamiento.

Gobernador electo de Quintana Roo lleva el ‘paquete impunidad’ a la Suprema Corte

Cancún, QR. El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cancelar el paquete de impunidad aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo el pasado viernes.

Joaquín González recordó que en el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso aprobó reformas a la Constitución local, al Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos, que son contrarios al orden constitucional, pues invaden las facultades del Poder Ejecutivo, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, por lo que se vulneran los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dichas modificaciones a las leyes realizadas por el Congreso local, dijo, buscan impunidad y representan la corrupción que tanto daño le ha hecho a Quintana Roo. Con la controversia se pretende desmantelar la red de protección a favor del gobierno de Roberto Borge Angulo, actual gobernador del estado, a través de mecanismos como reducción de penas, plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y la designación de personas vinculadas con la actual administración en los cargos de fiscal general, titular del órgano de Fiscalización y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que es necesario combatir tanto los actos legislativos como los nombramientos a través de una acción integral , explicó.

Además, añadió, se busca revertir los porcentajes del Presupuesto de Egresos que se fijan a favor de los poderes Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos que afectan la capacidad del Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades de la sociedad en educación, salud, seguridad, protección civil y desarrollo económico, entre otras.

El recurso interpuesto también buscará invalidar las disposiciones que proporcionan escoltas al gobernador y su familia hasta por 15 años.

Por último, el gobernador electo aseguró que el combate a la corrupción y la impunidad son uno de los ejes de su gobierno, así como de su compromiso en campaña, indispensables para lograr un gobierno que garantice mejores oportunidades a favor de la gente.

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