Debido a que el gobierno federal no ha accedido a revisar la Ley de Coordinación Fiscal, ni echar para atrás las reducciones para las entidades federativas y municipios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista informaron que preparan acciones legales.

Asimismo, desde Aguascalientes anunciaron que recurrirán a la controversia constitucional y los amparos masivos para evitar la desaparición de fideicomisos que proyecta el gobierno federal.

“Ahora el debate lo debemos abrir bajo otro esquema, explorar otros mecanismos, y buscar ese equilibrio de poderes en el país que parece que se pierde”, aseguró el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

“Hemos definido implementar acciones legales que serían para la defensa del fortalecimiento, sobre todo en materia financiera, presupuestal, para las entidades estatales y también para los municipios. La fortaleza es para los siguientes niveles de gobierno, que al final somos los que dan la cara y tenemos que implementar las acciones y las políticas públicas”, reiteró.

Explicó que en un máximo de dos semanas presentarán las controversias constitucionales en contra de lo planteado por el gobierno federal, las cuales toman como base análisis a las partidas presupuestales que se han dado en años pasados y que se proponen para el 2021.

“Nos han disminuido muchos presupuestos, el del 2019, el del 2020 y ahora para el 2021 también, en varias partidas, en partidas como el Covid-19; de entrada, nunca hemos recibimos un recurso extraordinario, todo lo hemos ido aportando los estados”, señaló.

Entre los rubros que presentan recortes destacan: desarrollo de infraestructura carretera para entidades, ausencia proyectos de mejora de distribución de agua en estados y reducción en recursos para las actividades primarias.

“Comisión Nacional del Agua no trae ningún paripaso para proyectos de agua, el campo está sin algún recurso, no hay recursos para los productores, que al final es sector primario es el que nos ha dado algún equilibrio en el PIB y de entrada no hay ningún apoyo por parte del gobierno federal”, subrayó Orozco Sandoval.

Manifestó que si se realizan las reducciones presupuestales, tomando en cuenta el contexto de la pandemia, las finanzas de los gobiernos del estado tendrán menores márgenes de operación.

Fondos

Respecto a los fideicomisos, acordaron emprender una estrategia legal en los próximos 15 días para evitar lo que llamaron “agandalle”, por parte de la Federación, de 68,000 millones de pesos.

Martín Orozco refirió que la senadora Claudia Ruiz Massieu –presente ayer 12 de octubre, en la sesión de la Alianza Federalista– y los legisladores de oposición, promoverán desde el Senado de la República la acción de inconstitucionalidad, mientras que cada gobernador promoverá en sus respectivos estados, amparos masivos por parte de los beneficiaros de los fideicomisos que resultarán afectados por su desaparición.

Destacó que la Federación no sólo ha venido reduciendo los recursos a los gobiernos subnacionales en los presupuestos 2019, 2020 y 2021, sino que cada estado ha enfrentado con recursos propios la pandemia de Covid-19 y ahora, dijo, viene la desaparición de los fideicomisos.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, explicó que las acciones legales que emprenderán los gobiernos estatales buscan combatir lo que llamó “la concentración” que pretende hacer el gobierno federal de los 68,000 millones de pesos de los fideicomisos para que se conviertan en recurso excedente y eso, aseguró, se llama discrecionalidad.

“Los están convirtiendo en lo que técnicamente se llama aprovechamiento que significa que en automático ese dinero se convierte en recurso excedente y eso significa discrecionalidad; es decir, con los recursos excedentes puedes hacer lo que quieras”, añadió el mandatario jalisciense.

Sobre el uso del recurso, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca refirió que “este recurso que está concentrando el gobierno central, no quiere que se le dé seguimiento hacia dónde se va a aplicar; estamos hablando de cerca de 70,000 millones de pesos, que en pocas palabras lo quiere utilizar con fines político-electorales”.

Sostuvo que “lo que queda muy claro es que, por lo pronto, y en términos coloquiales, agandallan el dinero, se traen todo el dinero y después, la extinción de los fideicomisos; eso es inaceptable, es muy burdo lo que están haciendo”.

Al respecto, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que “lo que vamos a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la extinción de los fideicomisos como tales, es el artículo Cuarto Transitorio, donde se produce lo que se ha dado en llamar el agandalle; literalmente es un agandalle”.

Corral Jurado subrayó que “con el parapeto del combate a la corrupción, de la transparencia, en realidad, lo que buscan es generar una discrecionalidad para manejar estos recursos hacia un año electoral que es el 2021”.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió, por su parte, a las instituciones bancarias del país, “que no se presten a este juego del gobierno”.

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