La justicia colombiana suspendió el desembolso de un crédito por hasta 370 millones de dólares otorgado por el Gobierno a la aerolínea Avianca, paralizada por la pandemia y en reestructuración bajo la ley de quiebra en Estados Unidos.

La orden cautelar, firmada por tres magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en respuesta a una demanda ciudadana, indica que “no existe claridad acerca de las condiciones de otorgamiento” del préstamo “ni de las garantías reales verificadas para su respaldo”.

El gobierno de Iván Duque tiene un plazo de 10 días para contestar a la reclamación y aportar pruebas que demuestren la idoneidad de este crédito financiado con recursos de un fondo público para paliar las afectaciones económicas que dejan seis meses de emergencia sanitaria por el Covid-19.

La difícil situación financiera de Avianca, “preexistente a la pandemia”, y la reestructuración de su deuda en Estados Unidos justificaron la suspensión temporal del desembolso, según el auto del tribunal.

A finales de agosto, el Ministerio de Hacienda defendió el millonario crédito que vencía en noviembre del 2021 ante las “repercusiones negativas” que tendría para la economía colombiana la caída de la segunda aerolínea de América Latina.

Pero este salvavidas fue rechazado por la oposición, que lo considera una muestra de supuesto favoritismo del gobierno en detrimento de miles de pequeñas empresas afectadas por la crisis.

Avianca registró el año pasado una pérdida neta de 894 millones de dólares, contra 1.1 millones de ganancia en el 2018. A raíz de la pandemia, la empresa se acogió a la ley de bancarrota en Estados Unidos y anunció licencias no remuneradas para 12,000 de sus más de 20,000 empleados de planta.

A través de un comunicado, publicado en Información Relevante de la Superfinanciera, Avianca Holdings S.A. anunció que entregará información relevante al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Avianca proporcionará información al Tribunal Colombiano en los próximos días que, en conjunto con la respuesta del Gobierno Nacional, evidenciará que la participación de Colombia en el financiamiento DIP (debtor-in-posession) de la Compañía es una transacción beneficiosa para el país”, detalló.

Asimismo, la compañía afirmó que el financiamiento fue estructurado otorgando al Gobierno y a los inversionistas institucionales privados “garantías de respaldo importantes, así como atractivos rendimientos financieros; además, les otorga prioridad de repago por sobre otros acreedores”.