El 1 de agosto del 2018 El Economista y vLex publicamos la primera edición de este suplemento especial dedicado al compliance. Entrevistamos a Luis Dantón Martínez Corres, uno de los expertos y líderes más reconocidos en México en el ámbito del compliance, anticorrupción e investigaciones para que nos dé su punto de vista sobre los cambios que hemos vivido como país.

“Como resultado de la elección presidencial del 2018 tenemos un Ejecutivo federal muy fuerte, que cuenta con una mayoría en el Poder Legislativo, lo que le permite un campo de acción amplio para legislar e implementar sus prioridades de manera independiente”, dijo el socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau SC.

Consideró que lo anterior ha implicado que temas que estaban largamente en un impasse, por falta de consenso político, se hayan resuelto. Tal es el caso de la transformación de la Fiscalía General de la República (FGR) como órgano constitucional autónomo, y el nombramiento del fiscal general, así como el nombramiento de la primer fiscal especializada en temas anticorrupción.

“Con este último nombramiento, entraron en vigor las disposiciones del Código Penal Federal que tipifican los delitos por hechos de corrupción, como lo son el soborno, la intimidación, el ejercicio abusivo de la autoridad, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito, completando con ello un elemento muy importante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que estaba pendiente. Esto es muy relevante, ya que será la FGR la que investigue y persiga estos delitos, con lo cual se abre una nueva era en materia anticorrupción”, sostuvo.

Temas que inquietan

Luis Dantón Martínez Corres mencionó que se han promulgado leyes que causan una gran inquietud, como la nueva ley de extinción de dominio, ampliando los delitos que pueden ser sujeto de extinción y legislando un procedimiento expedito para la extinción por la vía civil independientemente de la vía penal; como la ampliación de prisión preventiva oficiosa para un mayor número de delitos (incluyendo los fiscales y relacionados con hechos de corrupción), así como las reformas en materia fiscal para perseguir con mayor fuerza delitos como la defraudación fiscal.

Dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha emitido lineamientos en materia de secreto profesional aplicables a sus investigaciones que, ante la falta de legislación en la materia, se convierten en un precedente importante para investigaciones anticorrupción.

“También en materia de prevención de lavado de dinero el SAT está haciendo una vigorosa aplicación de las disposiciones aplicables a sector no financiero que requieren necesariamente contemplar éstas en sus manuales y procesos de compliance.

“El inicio de investigaciones relacionadas con delitos por hechos de corrupción muy relevantes, como las relacionadas con Pemex, que tienen todos los elementos para convertirse en un parteaguas en estos temas por su potencial de atraer la acción de autoridades de otros países como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con lo que México entraría en una etapa de mayor cooperación internacional en materia de investigaciones”, consideró Luis Dantón Martínez Corres.

Internacionalización

Mencionó que el sistema legal actual ya es muy parecido al de los principales socios comerciales, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y, por supuesto, al resto de América Latina (principalmente Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile) en lo referente a las investigaciones y resoluciones de temas penales relacionados con actos de corrupción.

“Las instituciones mexicanas son perfectamente compatibles con las de los países citados. En efecto, México ha suscrito todas las convenciones y acuerdos internacionales existentes en materia de combate a la corrupción, y ahora toca poner a prueba, junto con el SNA, este marco jurídico aplicable que ha sido actualizado”, mencionó.

Insistió en que tener instituciones parecidas y compatibles que permiten conseguir los mismos desenlaces a las investigaciones y procesos penales en materia anticorrupción facilita de manera muy significativa la cooperación entre países, tal y como ha venido sucediendo durante los últimos cinco años (por ejemplo entre Estados Unidos y Brasil, pero también entre Reino Unido, la Unión Europea y Francia, entre otros), donde las autoridades de procuración de justicia han investigado conjuntamente empresas como Odebrecht y Petrobras, llegando a resoluciones conjuntas que incluyen el reparto de las sanciones impuestas entre las jurisdicciones involucradas en las investigaciones.

Primeros pasos

“Los impactos de esta cooperación internacional seguramente serán enormes conforme nuestro país se prepara para tener muy pronto las primeras investigaciones multinacionales bajo el SNA”, agregó Luis Dantón. 

Consideró que en estas primeras investigaciones están observando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está muy activa y está haciendo un uso mayor del bloqueo de cuentas, y a la cual se está dotando en la práctica y mediante reformas legales de un papel más protagónico en el SNA.

Programas de compliance

“Los cambios en diversos ámbitos han motivado a las empresas a revisar seriamente sus prácticas internas y controles, como un elemento de la mayor importancia para poder enfrentar un nuevo entorno que requiere que éstas sean capaces de demostrar en materia penal el debido control interno de su organización y en materia administrativa la existencia de un programa de integridad, es decir, de un verdadero y efectivo programa de compliance.

“El cambio más importante que ha ocurrido en México en los últimos años es que las empresas están comenzando a integrar el compliance como un elemento fundamental de su estrategia, que les brindará no solamente una defensa en caso de un problema, sino, sobre todo, una ventaja competitiva difícilmente replicable para el mejor desarrollo de sus negocios”, concluyó dijo Luis Dantón.