El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió en definitiva el 6 de septiembre pasado que Telmex no incurrió en prácticas anticompetitivas ni pudo desplazar del mercado a sus competidores o frenarlos en su crecimiento con la creación de una serie de cuatro paquetes en los que incluyó gratuitamente el servicio de Clarovideo, como denunció Totalplay el 7 de enero del 2014.

 

De esta manera, el IFT dio carpetazo a un asunto que tardó tres años con ocho meses en finiquitarse y Teléfonos de México podrá concentrarse ahora en el caso Dish, uno cuyo resultado, en el peor de los escenarios, sí pudiera derivar en la suspensión de la concesión de Telmex por un posible aprovechamiento indebido de la gratuidad en cuanto a la retransmisión de las señales de televisión abierta en sistemas de TV de paga, una medida bautizada en la industria como el must-carry y must-offer.

 

A comienzos del 2014, Totalplay denunció ante el IFT que América Móvil (AMX) y sus marcas en redes fijas Telmex y Telnor habrían incurrido en prácticas indebidas de mercado al ofrecer de manera gratuita y por un periodo de doce meses el servicio de video bajo demanda conocido como Clarovideo en varios de sus planes, por lo que solicitó al regulador, como posible competidor directamente afectado, el inicio de una investigación.

 

Entre las argumentaciones presentadas, Totalplay dijo al regulador que la configuración de paquetes de doble play o de telefonía e Internet más el Clarovideo, como los que empezó a vender Telmex al consumidor en esas fechas, tendría como efecto reducir la demanda potencial de los servicios del resto de los competidores, además de que ese tipo de oferta permitiría a Telmex captar la mayoría de los suscriptores adicionales o nuevos que fueran apareciendo en el mercado del doble play.

 

Fue entonces que la Unidad de Competencia Económica (UCE) del IFT inició el 7 de marzo del 2014 una investigación a los mercados de la comercialización de servicios de telecomunicaciones y de provisión del servicio de Internet en territorio nacional, más aquellos que alcanzan la adquisición, distribución y comercialización de contenidos que se transmiten en el territorio mexicano a través de Internet y la televisión restringida.

 

Después de una serie de averiguaciones más solicitudes de información a las empresas involucradas y una audiencia oral presencial con todas las partes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones halló inconsistencias en algunos de los elementos probatorios; también definió como infundadas o erróneas a varias de las argumentaciones tanto del denunciante como de los denunciados y de paso exhibió en su Oficio de Probable Responsabilidad toda una gama de increíbles descuidos en los que cayeron los representes legales de Totalplay y de América Móvil a lo largo de la defensa de uno y otro, según consta en el documento del OPR disponible en Internet.

 

La Unidad Investigadora del IFT tomó la estafeta de la investigación iniciada por la UCE y a la postre resolvió que Totalplay, Megacable, Axtel, Maxcom y las filiales locales del Grupo Televisa en redes fijas consiguieron crecimientos en adherencia de nuevos clientes, mientras que Telmex y Telnor se mantuvieron siempre cercanos a sus cuotas de mercado antes y durante lo que duraron las promociones con Clarovideo, principalmente entre los años 2013, 2014, 2015 y 2016 objetos de las investigaciones, como explica la página 179 del OPR.

 

El IFT definió además que Telmex-Telnor sí absorbieron los costos financieros de ofrecer gratuitamente el servicio de video bajo demanda, y que los doce meses que duró la promoción con Clarovideo significó un tiempo con pocas posibilidades de afectar los mercados, a la vez que Telmex intentó con esa estrategia retener a los consumidores que ya le tenían contratado algún otro servicio y ello se reflejó en que la demanda de las ofertas del resto de los operadores no se vio afectada en los llamados mercados relevantes.

 

“El IFT investigó y no halló elementos que acreditaran la denuncia. Si hubiera encontrado que hubo una conducta anticompetitiva que favoreció a la empresa, como que tuvo la posibilidad de desplazar a los competidores o que si con esa oferta tuvo la capacidad de establecer precios para cortar a la competencia, entonces se hubiera acreditado todo”, comenta Agustín Ramírez, abogado especialista en telecomunicaciones del despacho Ouraboros. “Aquí ocurrió, prácticamente, todo al revés: hubo crecimiento de los competidores y los precios de ellos se mantuvieron -Telmex/Telnor-, por lo cual no se hallaron elementos que acrediten prácticas anticompetitivas”.

 

Llegado el 6 de septiembre del 2017, el IFT definió por cuatro votos a favor, dos en contra y uno diferenciado que Teléfonos de México no influyó de manera negativa en el mercado con paquetes de servicio Internet más telefonía que incluyeran a Clarovideo, con lo que Telmex vio desaparecer un dolor de cabeza que venía arrastrando desde el 2014, como aquél otro del 2011 sobre Uno TV del que el regulador resolvió que es una página de Internet y no un servicio de televisión.

 

Pero al regulador todavía le queda por decidir si Telmex, en su alianza comercial con el sistema Dish de MVS Comunicaciones, violó o no la regla del must-carry y del must-offer.

 

“Aquello sobre la concentración con Dish es lo que falta y es sobre ello por lo que hay que estar pendientes”, dice Agustín Ramírez, de Ouraboros. “Esa decisión será importante, porque está en juego el hecho de que le pudieran revocar la concesión, tanto a Telmex como a Dish, por esa interpretación de si se benefició o no de la gratuidad del must-carry y del must-offer; que habría posibilidad de sancionarlos, sí; que habría argumentos para que todo eso se desestime, sí. Pero hay que recordar siempre que esa es la misión más importante que Telmex tiene por delante”.