La contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador –de ser aprobada por el Congreso– pondría en jaque inversiones en el sector, ejecutadas o en ejecución, por 44,000 millones de dólares, sin contar las inversiones de los planes proyectados, estimó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

A decir del empresario, la contrarreforma podría quedar en “letra muerta”, al quedar entrampada en el poder judicial tras una ola de amparos y litigios internacionales al amparo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), porque ninguno de los tres socios tiene permitido cerrar y expropiar sectores donde ya se permite la inversión y competencia, de lo contrario son acreedores a la aplicación de aranceles.

En conferencia de prensa y acompañado de los representantes de los 12 organismos que conforman al CCE, Salazar sostuvo que una reforma eléctrica como la que pretende el gobierno del presidente López Obrador entrará en proceso de judicializarse, ya que “no se puede aplicar una ley en retroactivo y los contratos se firmaron en función de una cierta regulación y una cierta normativa, cambiarlos o cancelarlos como propone la iniciativa de cambio constitucional, evidentemente va a acabar siendo una discusión en el poder judicial”.

Contrario a lo que cree el presidente López Obrador, dijo, el T-MEC en sus artículos 14.6 y 14.8,  del capítulo de inversión prohíbe la expropiación de inversiones de empresas estadounidenses o canadienses, y de hacerlo, México estaría obligado a compensar con abrir a la inversión privada otros sectores de las mismas dimensiones que el eléctrico.

“Sectores abiertos a la inversión no se pueden cerrar, la única forma es abrir otros o compensar con arancel”, alertó Régulo Salinas, representante de la Comisión de Energéticos del CCE.

La iniciativa de reforma del gobierno federal plantea devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio de la comercialización de energía eléctrica –sector que se liberalizó con la reforma constitucional del 2013, varios años antes de la ratificación del T-MEC– y establecer un tope de 46% a la participación del sector privado en la generación eléctrica.

Además, instruye la cancelación de todos los permisos de generación vigentes actualmente para los privados para sustituirlos con nuevos instrumentos –que estarían por definirse–, la desaparición del modelo de sociedades de autoabastecimiento y la disolución, en los hechos, del mecanismo del mercado eléctrico mayorista, que actualmente les permite que grandes consumidores se abastezcan de electricidad.

En conferencia virtual, los empresarios exhortaron al poder legislativo a tener un enfoque amplio sobre las afectaciones que derivarían con el aval de la reforma, puesto que si se establece el tope de 46% de generación privada sin definir las reglas de cómo se va a entregar esa electricidad, los precios y sin un organismo autónomo que regule estas entregas y precios, se contravendrían los compromisos que se tomaron con las inversiones del pasado.

“Por eso es muy importante que los legisladores tomen en cuenta con una altura de miras, no solamente viendo un compromiso político sino cuales son las consecuencias importantes para la vida de nuestro país”, señaló Salazar.

CFE no puede sola

Además, añadió, de que la CFE no cuenta con los recursos para enfrentar el crecimiento de la demanda anual, que son 87,000 millones de pesos. El presupuesto federal ha sido de 45,000 millones de pesos y el resto lo realiza la IP, así que más allá de reducir los costos de la electricidad –con la aprobación de la reforma constitucional– algunos consumidores tendrían que pagar tarifas eléctricas más costosas, de entre 10% y hasta 100% más respecto de lo que actualmente costean.

Al respecto, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, dijo que el sector productivo sería el primero en recibir los impactos de la reforma, que se traducirán en altos costos para los consumidores.

“Si se nos obliga a todos los privados a cancelar contratos eléctricos privados y a consumir la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, dado que la industria es la que absorbe 55% de la energía que se consume en el país, nosotros seríamos los que pagaremos sobreprecios, perdiendo competitividad, teniendo que repercutir en alguna medida el precio de los productos o servicios estos incrementos”.

Por su parte, Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, sostuvo que preocupa al empresariado que nuevamente “se vulnere el estado de derecho, la certidumbre, inversiones, tratados comerciales que estaríamos violando todos los temas de medio ambiente, finanzas públicas, competitividad, impacto en pérdida de empleo”, pero necesariamente algo que tenemos que ver, resaltó, es que todo incremento en costos se va a ir a precios y lo vamos a pagar los consumidores, eso es algo inevitable.

En el caso de las cadenas comerciales, después del costo de los productos y del pago de los salarios, el tercer insumo es energía, por lo cual el sector ha invertido fuertes montos de dinero para tener energía limpia, que se refleje en la reducción de costos de productos, pero si se implementa la reforma “van a llegar esos costos, seguramente se van a ir a los precios y los vamos a acabar pagando los consumidores, eso es algo inevitable”.

Prenden focos amarillos

En otro frente, en una entrevista concedida ayer al diario español El País, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath –propuesto para ocupar ese cargo por el actual gobierno de México–, advirtió que el cambio que propone la iniciativa de reforma en materia energética no abonaría a la confianza que requiere el sector privado para invertir en México.

“(…) La parte de la inversión privada está muy deteriorada y tiene perspectivas bastante difíciles. Cualquier reforma de este tipo es como un incentivo negativo, adverso para motivar la inversión privada, no es realmente algo que nos va a ayudar en este proceso de recuperación”, dijo, al puntualizar que la inversión privada es el componente de la demanda agregada más rezagado en la reactivación económica.

Por su parte, pocos días después de que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –cuyos votos en el Congreso son fundamentales para asegurar la aprobación de la iniciativa presidencial– se pronunciara por analizar la propuesta legislativa del gobierno, la senadora priísta Claudia Ruiz Massieu criticó severamente el proyecto legislativo presentado la semana pasada.

“Vamos a tener apagones, aumento de tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. No es una ley que nosotros podamos respaldar así”, dijo en sus redes sociales.

En opinión del CCE, la CFE no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar el crecimiento de la demanda eléctrica anual, que son 87,000 millones de pesos, pues el presupuesto federal ha sido de 45,000 millones de pesos cada año, en promedio.

Los seis cambios esenciales de la iniciativa de reforma eléctrica de la 4T:

  1. Modifica el criterio de despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las centrales de la CFE, cancela los permisos otorgados a privados y les cierra el mercado de comercialización, por lo que la CFE sería de nuevo, el único suministrador del país.
  2. Revierte la separación horizontal y vertical de la CFE, instituida para otorgar mayor transparencia sobre los ingresos de la empresa y promover la competencia en generación.
  3. Elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL), que es un mecanismo que se instituyó con la reforma del 2013-2014 para incentivar a los grandes productores y suministradores de energía a un uso creciente de fuentes de energía limpia.
  4. Desaparece a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para devolver la regulación sectorial a la Sener
  5. Incorpora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la estructura de la CFE, que recuperaría la administración del Sistema Eléctrico Nacional.
  6. Establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano.