Representantes de las cúpulas empresariales del país lamentaron de nueva cuenta la aprobación en el Congreso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica cuyo sobrecosto por las nuevas reglas de despacho superará los 70,000 millones de pesos anuales. Una cifra equivalente a la compra de 150 millones de vacunas contra el Covid-19 o a todo el gasto social del gobierno federal en 2020.  

Así lo explicó Francisco Cervantes, titular de la Concamin, durante la presentación de los resultados del foro virtual Electricidad para el futuro de México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).  

Según el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, las medidas como las modificaciones que se pretenden promulgar el 18 de marzo y que involucran la posibilidad de recisión de contratos privados de generación de energía y cambiar el orden de prelación del despacho de energía privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las renovables privadas, inhiben las inversiones como se ha observado en esta administración, en que la inversión pública y privada se redujo en 18% en 2020 en comparación con el año anterior, en que ya había registrado una reducción de 9 por ciento.  

“Ha habido muchas explicaciones, la coyuntura internacional, la contingencia sanitaria del Covid-19, pero se suman a la incertidumbre que viven los inversionistas hoy en día”, dijo Salazar Lomelín.  

José Manuel López, presidente de la Concanaco, explicó a su vez que el costo de la energía eléctrica es el segundo más alto para las pequeñas y medianas empresas y las nuevas medidas aumentarán la tarifa comercial, sacando del mercado a muchas empresas mexicanas.  

Roger González Lau, de la Comisión de Energía del CCE explicó sin embargo que aunque no corresponderá a los representantes empresariales realizar la defensa legal contra las modificaciones, tiene conocimiento de que se preparan múltiples vías para impugnar la Ley en cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

“Hay ya una buena cantidad de empresas que tenemos conocimiento que se están preparando, de hecho todas las afectadas y sabemos que la minoría en el Senado también prepara su acción de inconstitucionalidad, tienen 30 días para presentarla”, aseguró, “igual que otras organizaciones que en el pasado reciente tuvieron una participación notoria, como Greenpeace, además de la posibilidad de que la Comisión Federal de Competencia Económica también haga lo propio por la invasión de sus atribuciones”.  

karol.garcia@eleconomista.mx