La iniciativa de reforma preferente a la industria eléctrica es una “expropiación indirecta” a las plantas privadas, que por dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abre un nuevo frente contra la inversión del sector empresarial, y provocará costos económicos y legales para el estado mexicano, en medio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

A pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración, ahora sin diálogo previo con los sectores afectados resulta  “inexplicable” la presentación de la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, pues “abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia”, afirmó el organismo privado que encabeza Carlos Salazar Lomelín.

“La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, acusó el CCE que aglutina a los industriales, a los patrones, a los hombres de negocios, a los comerciantes, a los banqueros, productores del campo y exportadores del país.

El CCE y los organismos que lo integran, “exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa”, ya que afectaría gravemente a México, afirmó el sector privado, debido a que se aumentarán los precios de productos y servicios.

La Iniciativa Privada advirtió que de ser avalada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica provocaría una mayor caída en la inversión nacional y extranjera, justo en el momento en que se requiere mantener y generar empleos para la recuperación económica.

El sector empresarial mexicano aseguró que la iniciativa viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. “Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas”.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que encabeza Francisco Cervantes, explicó que al conceder facultades a las autoridades para revocar permisos de forma arbitraria y forzar la renegociación arbitraria o terminación anticipada de contratos energéticos, “condena al país a consumir energía cara y contaminante y, de convertirse en ley, generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de nuestro país en un momento crítico”.

El intento de reformar el marco regulatorio en materia energética en México no es novedad, porque desde el primer año del gobierno morenista se ha intentado frenar la inversión privada y dar revés a las leyes vigentes para regresar al monopolio, coincidió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La iniciativa de electricidad va en contra de lo resuelto por el Poder Judicial, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

De acuerdo con el análisis del Consejo Coordinador Empresarial, la propuesta del Ejecutivo atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.

Lo anterior, sostuvo, generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.

kg