Andrés Manuel López Obrador amaga con operar directamente una red estatal de telecomunicaciones que lleve cobertura a los mexicanos aún desconectados de Internet, telefonía y otros servicios. El presidente quiere despedir su sexenio con una penetración de Internet de 95% para septiembre de 2024, prácticamente llevar a México a la cobertura universal, pero no ha conseguido que los empresarios se interesen en sus proyectos de conectividad.

El presidente sorprendió el viernes 3 de mayo con un anuncio de que el gobierno federal garantizará el acceso a la comunicación, en caso de que el plan de la red troncal por el que apuesta su gobierno quede desierto: “Si no les importa la concesión; si se declara desierta la convocatoria, no descartamos la creación de un organismo del Estado mexicano para garantizar la comunicación, porque si logramos comunicar a todo el país, va a ser un avance importantísimo, toda una revolución; ese es el propósito”, dijo López Obrador acerca de un proyecto que hasta este lunes no tiene un solo interesado conocido.

López Obrador no es el único presidente que ha anunciado una estatal de telecomunicaciones. Su homólogo Donald Trump también ha planteado una red 5G para Estados Unidos operada por el gobierno y en ese país, aún siendo un mercado desarrollado, también se subsidia de alguna manera a los usuarios de áreas rurales o en situación de pobreza. AMLO podría buscar el capital chino para su red telecom, pero los embates de Trump a las tecnológicas de Pekín, en primera línea de la innovación mundial, complicarían esta posibilidad.

El anuncio del jefe del Ejecutivo ya generó varias lecturas sobre el proyecto que hoy apunta a ser el emblema de su sexenio en telecomunicaciones y lo que puede resultar con el hecho de que el Estado mexicano entre al mercado y de qué manera, si configurando una estatal operadora de infraestructura o una proveedora de servicios y, dado el caso, con observación en qué estatal de otra nación y cómo su experiencia propia puede aplicarse a la realidad mexicana, pues existen casos como los de Antel de Uruguay y China Telecom de China que han tenido notable éxito dentro o fuera de sus mercados naturales, pero hay otras que han tenido más complicado el panorama, como lo ha sido para Etecsa de Cuba y CANTV de Venezuela.

En principio, con los comentarios del presidente el gobierno reconoce implícitamente que las obligaciones de cobertura social que diseñó para “su” red troncal en las pre-bases del concurso son demasiadas: 8,535 puntos a cubrir entre dependencias, escuelas, colegios y plazas públicas en zonas económicamente deprimidas y muchas de ellas, orográficamente poco accesibles; y que las ventas mínimas anuales por 64 millones de dólares y los 168 millones de dólares como activos que se exigen como requisitos mínimos para explotar un par de hilos de 25,000 kilómetros de la CFE, de los que tampoco se sabe su estado de conservación ha terminado por espantar a la industria, que además ya había presentado propuestas para operar la red troncal heredada por Enrique Peña Nieto a López Obrador.

Conectar a los mexicanos más desatendidos y con ello elevar ocho puntos el grado de conectividad en el país y sobre todo penetrar la capa social y económica más difícil del mercado, es una intención que se le debe reconocer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hacerlo por la vía del Estado como operador puede desatar corrupción, distorsiones de mercado, enfrentar a la Presidencia con el IFT y también puede evidenciar que no sólo se trata de llevar cobertura, sino políticas sociales y de promoción de la inversión y del empleo a zonas apartadas; y el presidente además podría granjearse los comentarios de que ha caído en una contradicción al promover que el gobierno construya redes de comunicación con dinero público para comprar insumos que se venden en dólares, cuando él mismo criticó que la construcción del aeropuerto en Texcoco se hiciera con recursos públicos.

Hay quien se pregunta cómo se engranaría el programa México Conectado dentro del plan de una red estatal de telecomunicaciones.

Un gobierno operador de telecomunicaciones, ¿tendría o no ventajas como competidor de privados?, cuestionan especialistas, y brinca además la duda sobre qué órgano tendría la misión de conectar a los mexicanos: Telecomm, Promtel o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) directamente... Si fuese el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, entonces se crea otra interrogante acerca de si el Promtel pasaría de ser un promotor y revisor de los cumplimientos de la Red Compartida en cuanto sus hitos de cobertura, a un competidor directo.

Fernando Borjón, director en Promtel hasta marzo pasado, sostiene que ese organismo cuenta con las atribuciones legales para ofrecer servicios de telecomunicaciones en el mercado, por lo que podría ser una vía para las intenciones de López Obrador:

“Desde el punto de vista legal, Promtel tiene las facultades para operar una red, así se diseñó para tener las salvaguardas necesarias para la Red Compartida; así lo establece su decreto de creación. En todo caso, Promtel sólo podría prestar servicios mayoristas, esto es que no podría dar servicio final al usuario, conforme lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, dijo Borjón Figueroa, que sustenta su enunciado en el artículo 140 de la LFTR. “Y en este sentido, si no hay quien preste el servicio, Telecomm está legalmente facultado para ello, hasta en tanto no exista otra oferta para los usuarios”, adiciona el también excomisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).  

En el mismo sentido opina María Elena Estavillo, cuya gestión en el IFT como comisionada especializada en el ramo económico concluyó el último día de febrero.

“La creación de una empresa estatal ex profeso para llevar dichos servicios puede resultar demasiado onerosa en su operación, porque difícilmente alcanzaría economías de escala suficientes para bajar los costos más de lo que pueden hacer los operadores comerciales. De acuerdo con sus propósitos y por tener participación gubernamental, el marco jurídico actual señala que le correspondería una concesión comercial para servicios mayoristas; no podría ofrecer servicios al usuario final y la ley también prevé que cuando no existan concesionarios o autorizados que presten servicios en alguna zona, pero que sí haya presencia de concesionarios mayoristas, el Ejecutivo podrá prestar los servicios a través de Telecomunicaciones de México, por lo que ya existiría una entidad con ese propósito”.

El IFT, por atribución constitucional, podría regular a un Promtel o Telecomm como el operador “elegido” por el gobierno de AMLO para cumplir sus planes de conectividad. El IFT es regulador sectorial y tiene el poder legal para regular a “cualquier ente del sector”, definieron los expertos, siempre que el Ejecutivo no vaya al Congreso con propuestas de reformas sectoriales.

Pedro Huichalaf, regulador de las telecomunicaciones en Chile con la Subtel entre 2014 y 2016, plantea que cualquier política pública que emprenda López Obrador en la materia debe estar platicada con la industria y el presidente además debe invitar a los empresarios del sector a ser su aliado en el plan de conectar a los mexicanos que todavía no tienen Internet.

“Las decisiones de política pública deben ser apoyadas por las empresas y el sector privado, porque generan muchas más oportunidades que un negocio específico que puede afectar a más de alguna de ellas. La transformación digital genera más espacios que simplemente conectar. (La estatal) no sólo puede enfocarse a prestar servicios y ser competencia, sino que puede ser un aliado al desplegar infraestructura, base sobre las que se prestan los servicios de empresas privadas”. 

“La decisión de crear una estatal de telecomunicaciones no tiene porqué pasar por una empresa estatal de servicios, puede ser una empresa de infraestructura y no tiene por qué seguir los modelos que tiene Antel de Uruguay o Arsat de Argentina. La realidad de cada país permite que exista o no una instancia que supla y en algunos casos que reemplace a empresas privadas porque son ineficientes en su cometido o porque no cumplen con prestar servicios en lugares donde el mercado no llega”, agregó Pedro Huichalaf Roa.

De momento se sabe poco de los planes de AMLO para crear una estatal de telecomunicaciones. Es por tanto complejo identificar si podría pensar en un ente como Antel que tiene un monopolio en servicios fijos de voz en Uruguay, pero que ya ha construido una red comercial de 5G en Uruguay o como la cubana Etecsa, que por las condiciones económicas y políticas propia de la isla apenas empieza el despliegue de redes 4G, acompaña Juan Gnius, analista de Telracom.

Gnius sostiene que sería complicado para el gobierno de López Obrador iniciar con un proyecto de operador estatal, por lo que el Ejecutivo mexicano tendrá mejor suerte si busca al IFT y juntos delinean mecanismos para llevar Internet a los desconectados y cumplir así con el 95% de penetración pensado para 2024.

“No es sencillo comenzar la puesta en marcha de un operador estatal. Además de la infraestructura y las inversiones millonarias que requiere esa industria, se debe contar con unos cuerpos directivos profesionales y objetivos claros a cumplir por parte del operador. En otras palabras, transformar el accionar de este operador estatal es una cuestión de Estado (…) El gobierno y el regulador pueden instrumentar mecanismos para que los privados conecten zonas que aún carecen de conectividad. Estas opciones suelen ser más eficientes que la creación de un operador estatal. El sólo hecho de relevar y articular los activos como redes, sitios, etc., que puede disponer el Estado para poner en marcha un operador ya suele ser una tarea compleja que puede incluir intereses tanto comerciales como políticos”, dijo Gnius, de la firma Telracom.

El analista coincidió con Gerardo Mantilla, ex regulador en la Conatel de Venezuela, en el sentido de que todavía existen alternativas en obligaciones de cobertura y concurso de espectro, entre otras, para animar a la iniciativa privada a invertir en proyectos de conectividad como el que plantea el actual gobierno mexicano con "su" red troncal.

“En Argentina, Arsat fue creado para instalar una red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que conecte pueblos alejados, sin embargo, la última milla quedaba a cargo de los operadores locales. Es decir, es principalmente una red mayorista. A su vez, la política de precios de Arsat en términos de venta mayorista fue bastante agresiva, lo que llevó a los operadores comerciales a bajar estos precios mayoristas. Por citar algún ejemplo, el megabyte mayorista se comercializaba a valores superiores a 40 dólares y Arsat vendía en 18. La propia dinámica del mercado hizo que los precios fueran a la baja. En la actualidad, el precio del mega mayorista de Arsat es de 10 dólares”, ejemplificó Juan Gnius.

En Argentina aún existen distorsiones por la dinámica propia de la economía de ese país y la depreciación de su moneda, pero en otros mercados, como el venezolano, se generaron distorsiones por un operador controlado por el Estado y el interés de éste en favorecerlo.

Gerardo Mantilla, antes regulador y hoy analista en la firma Artifex Consulting, expuso que llegar a las zonas no rentables como las que planea López Obrador es una acción que exige mucho dinero en un momento en que el gobierno mexicano apuesta por sanear las finanzas de Pemex.

El experto recordó además que un plan no tan detallado podría generar ineficiencias de recursos y sin los candados correspondientes, incluso actos de corrupción y un ejemplo fue el polémico caso de CANTV.  

“Hay que tener algo claro: los proyectos de cubrir las zonas de difícil acceso como lo que plantea el gobierno de AMLO, no son rentables. Si lo fueran, los operadores privados ya hubiesen cubierto esas zonas. La otra alternativa es crear una política eficiente para promover la cobertura por parte de los operadores privados. También se debe seleccionar muy bien la solución tecnológica correcta. No es posible cubrir todas esas zonas con fibra óptica, pues en otras se puede llegar a través de satélites. Empresas como Facebook y Google tienen alternativas muy eficiente para lograrlo usando redes satelitales”, dijo Gerardo Mantilla.

“Un operador estatal no va a resolver problemas de cobertura por sí solo, porque para que sea rentable deberá ser competitivo en zonas más ventajosas desde el punto de vista comercial. Es decir, si no logra obtener una parte importante de los ingresos en lugares como la Ciudad de México, cómo va a mantener la operación en zonas que no son rentables (tendrán que subsidiarla) y justo esta presión por equilibrar sus cuentas, es lo que puede generar presiones sobre las decisiones que deba tomar el IFT para garantizar la competencia y el equilibrio en el mercado, para que todas las empresas puedan competir de forma justa”, dice. 

Los exreguladores y analistas se decantan porque López Obrador voltee a ver a la industria y, en su caso, redefina sus planes de conectividad y realice un diagnóstico, por ejemplo, sobre cuánto puede avanzar el grado de penetración con la evolución misma de las redes de GSM hacia 3G, 4G y tecnologías posteriores; así como otras obligaciones que ya existen de cobertura social, como las impuestas por el regulador durante la subasta de la banda de 2.5 GHz.

“El reto sigue siendo el mismo: llevar servicios a los desconectados. Una buena parte de los desconectados se encuentra en áreas sin cobertura de los servicios, pero otra parte está en zonas cubiertas. Algunas personas no contratan servicios aunque estén disponibles, porque no les alcanzan sus ingresos. Allí se requieren otras acciones. Es importante conformar un plan congruente, donde todas las acciones se complementen y refuercen. Los incentivos también tienen que estar alineados”, dije María Elena Estavillo.

“Una solución para conectar a los desconectados necesariamente implicará una porción de subsidios directos y no será suficiente con extender la cobertura. El problema es más complejo. Habría que considerar las distintas soluciones que ya han sido probadas en el mundo, donde las más recurridas han sido subsidiar selectivamente a los usuarios para que adquieran el servicio, o licitar subsidios a los operadores para que provean los servicios ya sea en ciertas localidades y/o a menores precios”, agregó.

Sebastián Cabello, director general de GSMA para América Latina durante ocho años y hasta diciembre de 2018 al frente de ese organismo, ve más como un estira y afloja el ambiente entre la industria y el gobierno para que el proyecto de la red troncal salga en los tiempos pensados por AMLO, porque lanzar desde cero una operadora implica mucho tiempo y dinero, y la prestación de servicios ocurriría entre dos y tres años.

“Requieren una estructura institucional y manejo separado del Estado y si no es así, es difícil y genera muchos conflictos de interés. Uno de los conflictos podría ser ese con el IFT, que tendría que regular y cómo un organismo estatal. Y luego en un momento en que el Estado tiene muchas necesidades en distintas áreas, por lo que ponerse a invertir desde cero en un nuevo operador, sería un despropósito y parece que no sería el mejor uso para los recursos de los mexicanos el crear un nuevo operador así. Habría que invertir una enorme cantidad de recursos para ofrecer servicios entre dos y tres años y eso aún así requiere mucho planeamiento. Entonces, ¿no será esto un elemento de estira y afloja de la política?”.