La ley antimonopolios quedó ayer estancada en el Congreso de la Unión.

Aunque los diputados avalaron un dictamen con base en la iniciativa que presentó el presidente Felipe Calderón, los senadores le bajaron ayer la cortina hasta septiembre. Será hasta ese mes, cuando se retome la discusión sobre dicha norma, que busca elevar las sanciones contra las prácticas de concentración.

La ley antimonopolios avalada ayer en San Lázaro por los diputados encontrará en septiembre próximo, en el Senado, una complementación que presentó el coordinador del Revolucioanrio Institucional en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, que otorga la calidad de decisión autónoma a la Comisión Nacional de Competencia (CFC), mayores atribuciones y nuevas multas para quienes incurran en esas prácticas.

Comisionados debe ratificarlos Senado

Plantea además que el Senado sea el control político en la designación de los comisionados de la CFC, con base en propuestas del Presidente de la República.

Promueve multas con una base de cálculo específica para prácticas monopólicas absolutas, relativas y de concentración, también por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse.

Serán los ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, provenientes de la comercialización del producto o servicio materia de la infracción dentro del mercado relevante, en que se haya incurrido en la infracción respectiva. En caso de no estar disponible la información del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido, se utilizará como base el ejercicio fiscal anterior , precisa.

La propuesta de los senadores del partido tricolor, presentada ayer, establece: La Comisión, para efectos de sus resoluciones, no estará subordinada a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones .

La iniciativa que ayer se presentó prevé que la Comisión Federal de Competencia (CFC) pueda realizar visitas de verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología a los agentes económicos, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública para el eficaz desempeño de las atribuciones en la lucha contra las práctica monopolicas y anticompetitivas.

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