Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis naciones europeas más han conversado sobre preocupaciones relacionadas a la política energética de México, dijeron fuentes a Reuters, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que el Estado tenga un rol más relevante en el sector.

El inusual encuentro diplomático es una medida ante la ruptura del gobierno mexicano con la política energética de la administración anterior, lo cual preocupa a las economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas extranjeros en México.

Funcionarios estadounidenses, canadienses y europeos han expresado en privado sus preocupaciones en relación a que la política energética de México está erosionando los cimientos legales de contratos millonarios pactados con la administración pasada.

El gobierno de México ha negado que esté socavando estos acuerdos, pero ha reiterado que los contratos anteriores a menudo dañaban al país, y ha buscado renegociar los términos de algunos de éstos.

En una reunión organizada por la embajada de Estados Unidos el viernes 5 de marzo, diplomáticos de Gran Bretaña, Canadá, la Unión Europea (UE), Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España hablaron sobre sus preocupaciones y para averiguar de qué forma transmitirlas a López Obrador, reverlaron cinco personas familiarizadas con este encuentro.

Tras ser consultada por Reuters, la embajada de Estados Unidos respondió que no discute conversaciones diplomáticas. Tampoco respondieron la oficina de Presidencia de México ni las otras embajadas consultadas.

Los detalles sobre lo ocurrido en la reunión no fueron esclarecidos, sin embargo, hubo una discusión sobre si la harían pública o no, dijo un fuente. Todas las personas hablaron bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del asunto.

Los diplomáticos mencionaron que los gobiernos extranjeros difieren en sus opiniones sobre cómo comunicar abiertamente estas quejas a López Obrador, para evitar que se perciba alguna presión y adopte un enfoque más duro sobre este asunto.

López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel de las empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), argumentando que la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad en México y fomentaron la corrupción.

Las preocupaciones de los inversionistas extranjeros sobre las políticas económicas impulsadas por López Obrador han impactado en la inversión y contribuido a desacelerar el crecimiento económico del país.

Empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México en virtud de cambios constitucionales realizados por el predecesor de López Obrador para abrir el mercado energético, en particular para el petróleo y el gas.

López Obrador puso el freno en este proceso, argumentando que no se han registrado beneficios para México.

El año pasado, el gobierno de López Obrador también inquietó a algunos países al amenazar con romper unos contratos millonarios pactados con la administración de Enrique Peña Nieto para la construcción de una serie de gasoductos, argumentando que se estafó a los contribuyentes. Aunque esta disputa se resolvió finalmente, nuevos conflictos han surgido desde entonces.

Las medidas para fortalecer a la CFE han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos de energías renovables, nublando aún más la confianza de los inversionistas en México.

Parte de los recursos destinados a inversiones energéticas en México están vinculados a fondos de pensiones en Europa y América del Norte. A los críticos de las políticas del gobierno federal les preocupa que los rendimientos decrecientes de esas inversiones energéticas puedan afectar a los pensionados.

kg