Diversas organizaciones civiles exhortaron al presidente y a legisladores a considerar mecanismos para atender a las comunidades mineras, ello tras las modificaciones aprobadas respecto al Fondo Minero.

La semana pasada se aprobaron las modificaciones hechas a la Ley Federal de Derechos, en donde el gobierno propuso reorientar los recursos de este fondo.

“Las modificaciones aprobadas al Fondo Minero, en el marco de la discusión del Paquete Económico 2020, implican una nueva distribución de recursos que no construye sobre la base de las lecciones de los últimos cinco años ni resuelve los problemas de opacidad y falta de información detallada sobre la asignación de recursos para proyectos y administración”, refirió la carta firmada por Fundar, CartoCrítica, Poder y Oxfam.

El Fondo Minero entró en vigor en el 2014 y se constituye por el pago de derechos a la actividad minera. El objetivo de este fondo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera.

Con las modificaciones aprobadas para el 2020, los recursos se reorientarán. Ahora, los ingresos obtenidos se destinarán en 85% a la Secretaría de Educación Pública para el financiamiento de infraestructura educativa y otras con impacto social y ambiental positivo, mientras que 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero y 10% restante al gobierno federal para programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos.

“Se agravan varios problemas al centralizarse la asignación de fondos a presupuestos en el gobierno federal, sin espacios para transparentar la información o procurar la participación de las comunidades a las que se destinan los proyectos. Esto desdibuja la figura del Fondo Minero como tal, transforma integralmente el mandato fiscal que lo caracterizaba y desaparece el objetivo original del fondo, que es elevar la calidad de vida de los habitantes de zonas mineras”, aseveraron.

Con las modificaciones hechas, no se contempla cómo mitigar ni resarcir los daños a las comunidades donde se realiza la actividad minera, además de favorecer la centralización y discrecionalidad, mencionaron. Por ello, las organizaciones civiles piden que se cree un registro de proyectos financiados, así como criterios de participación y monitoreo.

belen.saldivar@eleconomista.mx