Nicolás Maduro abrió en la noche del martes otro frente contra la iniciativa privada que opera en Venezuela. La nueva arremetida es contra la industria de telecomunicaciones, por un alza de tarifas a los servicios de telefonía e Internet móvil que ejecutaron Movistar y Digitel el mismo martes como medida para enfrentar la hiperinflación de 176% que se come el poder adquisitivo de los venezolanos y una política económica que impide a las telefónicas generar divisas para sus casas matrices.

La medida se suma a otras acciones sobre empresas de capital privado, nacionales como extranjeras. Las armadoras automotrices, las refresqueras, petroleras, cementeras, firmas de alimentos y mineras han sido las preferidas del chavismo que encabeza el presidente Nicolás Maduro para avanzar sobre ellas, porque no se ajustan a sus directrices económicas. A algunas compañías el gobierno las ha estatizado y a otras las ha expulsado. De las que se mantienen en la planta industrial, todas operan al mínimo por la falta de insumos y divisas.

Digitel, Movistar y Movilnet son las tres principales marcas que operan en un país con un mercado de telecomunicaciones estimado en 30.7 millones de líneas móviles, que a su vez suponen 99% de penetración en su comparación con el total de la población venezolana. El dato es una estimación de las consultoras, porque el regulador local, Conatel, no destaca por dar seguimiento puntual a los datos del mercado que regula.

Venezuela corre el riesgo de quedarse desconectada

Los venezolanos amanecieron al martes con la decisión efectiva de que Movistar y Digitel elevaban inmediatamente sus precios, sin consultar previamente sobre la viabilidad de tales aumentos a las autoridades, dicen en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Movistar ya había informado el 15 de julio sobre las subidas para el día 30 del mes.

Digitel ajustó el costo de su plan estrella de 3,626 bolívares fuertes, a 20,720 bolívares. Movistar subió la tarifa de los seis planes más populares que oferta en el mercado local. El plan que Movistar vende con 3 gigabytes de datos cuesta ahora 38,063 bolívares, unos 67 pesos mexicanos al tipo de cambio de este día.

REPORTAJE: El encanto de Colombia se diluye por los reveses a Claro y Movistar

Pero los precios no están siendo ejecutados, pues desde el Palacio de Miraflores se ordenó anoche la reversión inmediata al aumento aplicado de tarifas . De esta manera, las telefónicas mantienen los precios que tienen permitidos para cobrar desde julio del 2016; desde esa fecha hasta hoy el bolívar fuerte se ha depreciado 244.9% en la categoría de la cotización Simadi, el que toma en cuenta el banco central venezolano, más no la cotización del mercado paralelo.

Como anecdotario, la moneda virtual de World of Warcraft ahora vale más que el bolívar fuerte de Venezuela.

Los impedimentos que frenan las alzas de tarifas convienen a los venezolanos en sus bolsillos por el tema de la inflación que golpea sus salarios, pero a la vez ahorcan a las operadoras pues no hallan más manera de conseguir liquidez, que subiendo precios para mantener al día la prestación de los servicios ya ofertados, para expandir sus redes y para recuperar también las inversiones hechas en el pasado.

Y al mismo tiempo complican la calidad de las comunicaciones venezolanas, que pronto viajarán por infraestructuras obsoletas, que tardarán en conocer las nuevas velocidades de navegación que ya conocen los vecinos colombianos y brasileños.

La situación es más complicada, porque los operadores no obtienen ingresos suficientes y al mismo tiempo un alza en los precios es un golpe fuerte para usuarios muy afectados por la inflación en el país. Es una afectación total a la industria, porque están cayendo las conexiones y la calidad, pues la velocidad de Internet es más baja , cuenta Jorge Bravo, analista en Mediatelecom Policy & Law.

Hasta hace poco, Venezuela fue una de las naciones con mejor infraestructura y con las mayores tasas de penetración de servicios móviles en América Latina: 103 líneas por cada 100 habitantes, contra, por ejemplo, 88 por cada 100 en México al cierre del 2015, de ese año, porque Conatel no ha ofrecido aún los números oficiales del 2016.

Con todo ello, las cifras oficiales de Venezuela no dejan de ser engañosas en cuanto a calidad.

En su mayor parte las redes venezolanas caen en la categoría 2G y evolucionan lento hacia el 3G y el 4G, mientras que en México, un país más extenso y complejo orográficamente hablando que Venezuela, las redes 4G LTE ya rondan una cobertura del 80% del territorio nacional, según los tres principales operadores: AT&T, Movistar y Telcel.

Los problemas en las redes se reflejan en la estadística de la Conatel: en el cuarto trimestre del 2015 las suscripciones a la telefonía móvil decrecieron 4.7%, 1.25% en Internet de banda ancha y 0.3% en telefonía fija.

REPORTAJE: Esta es la trama que América Móvil investiga en Guatemala

Movistar no tiene sencillo el mercado venezolano. Por su obligación de reportar a la Bolsa de Madrid, el público en general conoce de los aprietos que enfrenta en un país con gobierno proteccionista.

Todos los números son negativos para Movistar en lo que va del 2017 en tierra llanera. Su ingreso neto para el primer semestre del año cayó 33% y por ello sus inversiones para ese mercado también se desplomaron en 68.8% entre enero y julio.

La situación para Movistar en Venezuela es de apremio. Ya desde anoche regresaron los rumores de que la marca sale de territorio venezolano a mitad de agosto. Telefónica evita platicar sobre el tema; sólo comenta en Bolsa lo complicado que es operar en Venezuela.

REPORTAJE: David Martínez se apodera de las telecom en Argentina y pone en jaque a Carlos Slim

La administración de Nicolás Maduro se impuso ya a las marcas en este particular con la reversión de tarifas y sus subalternos lo han celebrado en la red social Twitter y también los seguidores del chavismo, pero esta acción también golpea a la democracia venezolana, plantea Jorge Bravo, de Mediatelecom Policy & Law:

Venezuela se está estancando en un sector que se caracteriza por su dinamismo e innovación tecnológica. Y de paso, esa situación afecta el derecho a la información de la población que cada día tiene peores servicios, una consecuencia política que beneficia al gobierno .