La industria siderúrgica mexicana confía en que la administración de Donald Trump excluya a México de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 —la cual prevé aranceles de 25% a las importaciones del acero provenientes de todo el mundo—, y con ello se evite una “guerra comercial” que afectaría a las cadenas productivas de ambos países.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) pidió a las autoridades mexicanas que en caso de ser impuestos los aranceles a los productos mexicanos, entonces se aplique una política “espejo” al comercio con Estados Unidos y de forma inmediata; además de que se frene la oleada de importaciones desleales que buscarán colocarse en terceros mercados ante el cierre de ese país, siendo México muy atractivo debido a su consumo creciente de acero.

El sector del acero estadounidense mantiene un superávit con México de 3,600 millones de dólares en los últimos dos años, refirió, de modo que no existe ninguna afectación.

Las ventas de acero estadounidense a México pasaron de 6,200 millones de dólares en el 2008 a los 9,800 millones de dólares en el 2017.

“México no debe ser incluido en la resolución de la Sección 232, ya que no representa ningún riesgo para la seguridad nacional de EU, pues somos una industria que no recibe subsidios gubernamentales, no somos parte del exceso de capacidad global”, refirió la Canacero a través de un comunicado.

A pesar de que México no es un país que daña a la industria del acero de Estados Unidos, por ser deficitario, la decisión de Donald Trump al imponer aranceles podría representar daños económicos a las exportaciones mexicanas entre los 1,300 y 1,500 millones de dólares, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).

Empresas como De Acero, Altos Hornos de México y Ternium podrían ser las mayormente afectadas por el arancel de 25% que supone colocar el gobierno estadounidense a las importaciones de acero provenientes de cualquier país, porque son productoras de mercancía como láminas, alambrón, varilla y aceros para fabricar tornillos, clavos, otros.

En entrevista, el especialista en el ramo acerero explicó a El Economista que el proteccionismo del gobierno estadounidense con su industria acerera “no comenzó con Trump, fue desde (Barack) Obama cuando se aplicaron medidas injustificadas, hicieron presión suficiente para ir cerrando las exportaciones mexicanas a su mercado. El problema fue que no se atendió oportunamente esa señal (por las autoridades mexicanas) para preparar y mandar documentación a la Organización Mundial de Comercio y hoy se están exacerbado, juntándolo con el TLCAN”.

Desde la administración de Obama, las siderúrgicas han presionado para que sean las preferidas del consumidor estadounidense, y ahora con Trump han prometido incrementar las inversiones en fábricas nacionales si se reducen las importaciones de acero barato.

José Luis de la Cruz dijo que la industria mexicana no exporta acero “barato”, ni recibe apoyos gubernamentales para exportar, por el contrario, enfrenta un entorno de altos costos de transporte, y energéticos sin subsidios, “no hay forma de incurrir en prácticas desleales en comercio y la sanción no tiene razón de ser”.

La sección 232 es una investigación que bajo el criterio de “amenaza la seguridad nacional” busca detener las importaciones a territorio estadounidense en condiciones desleales, principalmente causadas por el exceso de capacidad mundial en la producción de acero generado por acciones de subsidios de gobiernos que operan con principios de economías centralmente planificadas y no de mercado, como es el caso del gobierno de China.

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