La mejora regulatoria sobre la facilidad para hacer negocios implementada en las 32 entidades de México, durante los últimos seis años, generó 5% en el crecimiento de nuevas empresas y el aumento de 2.8% en generación de empleos, afirmó el Banco Mundial.

Al anunciar el convenio de la realización del proyecto Doing Business en México 2012 , que elabora el organismo internacional y el gobierno federal, José Antonio Torre, subsecretario de Competitividad de la Secretaría de Economía, aseveró que nuestro país ha mejorado el ambiente para hacer negocios y atraer inversión, tan es así que se ubica como el mejor posicionado de América Latina y los países llamados BRIC.

Mierta Capaul, directora para América Latina y El Caribe del Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera del Banco Mundial, explicó que las entidades y localidades que cuentan con una ventanilla única para hacer trámites han facilitado la apertura y operación de las empresas, con una tasa de crecimiento de 5% en nuevas empresas y 2.8% en empleo .

No obstante, la funcionaria del organismo internacional y encargada del proyecto Doing Business , destacó que el reto de México aún es mayúsculo, pues si bien hoy ocupa el sitio 35 de 183 naciones evaluadas con 24 días para aperturar una empresa, el objetivo es que sea en un solo día y un trámite el que permita arrancar un negocio.

En conferencia de prensa, el Subsecretario de la Competitividad explicó que la metodología elaborada por el Banco Mundial y utilizada para este proyecto se enfoca en cuatro indicadores que miden el desempeño de la regulación local que afecta al ambiente de negocios: apertura de empresas; permisos de construcción; registro de una propiedad, así como cumplimiento de contratos.

RESULTADOS, EN EL 2012

El proyecto arrancó en los días pasados y culminará a finales del 2011 para ser presentado en febrero del 2012. Consiste en definir políticas públicas en la regulación de las entidades y que al medirse puedan compararse con ciudades o regiones de otras partes del mundo.

El trabajo cuenta con la colaboración del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas de la Secretaría de Hacienda, el cual operará los costos del estudio, evaluado en 300,000 pesos por entidad federativa, cuyo monto será aportado con 50% de la Federación y el resto del presupuesto provendrá de las entidades, informó su director Javier Pérez Torres.

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