El reciente anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la regularización de vehículos ilegales, pondría en severas condiciones a la industria automotriz mexicana. Si bien es cierto que por el momento las secretarías de Economía, Seguridad Pública y Hacienda son las encargadas de definir las condiciones para “poner en regla” a las unidades provenientes de Estados Unidos, lo cierto es que las consecuencias podrían —en el peor escenario— golpear letalmente a las ventas de las unidades cero kilómetros.

Historial negativo

El desenvolvimiento de las ventas desde hace varios meses ha estado muy alejado de lo esperado. “El contexto de crisis lo tenemos a partir de julio de 2017 en que inicia esta fase de disminución en el ciclo de venta. Si bien a lo largo de este año hemos tenido seis resultados positivos, esto es en comparación con el mes homólogo del año pasado en el que estuvimos afectados por la pandemia en forma más grave, y de tal suerte que al hacer la comparación con 2019, con 2018, 2017, son números mucho más bajos y por lo tanto los circunscribimos dentro de esta fase prolongada de crisis que enfrenta el mercado automotor en México”, señaló Guillermo Rosales.

El mercado automotor así como la producción y exportación de unidades ligeras se enfrentan desde hace algunos años a condiciones adversas, tanto externas como internas.

“Primero a causa de los cambios que tuvimos dentro de la relación que fue con Estados Unidos, que a partir de los riesgos que representó la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y lo que significó la renegociación del TLCAN, que disminuyó el ritmo de inversión, de creación de nuevos puestos de trabajo formal, eso aunado a que en el 2017 enfrentamos el cambio en la política de precios para los combustibles y que se reflejó en un incremento importante de la inflación en aquel año, todo esto en conjunto influyó para que tuviéramos condiciones más adversas en el mercado automotor que a lo largo de 2018.

"Tampoco podemos olvidar lo mismos factores de la influencia en la relación con Estados Unidos, la llegada del proceso electoral que generó incertidumbre, retraso en las decisiones de inversión y hacia el final de ese año, lo que es ya es propiamente el ciclo vinculado a la administración del presidente López Obrador y la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que si bien se dio todavía en la administración anterior, es una decisión que ya le corresponde al actual mandatario y que influyó marcadamente en la disminución de la inversión”.

QUERETARO,QRO 07.11.17 RUEDA DE PRENSA POR PARTE DE LA ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES AUTOMOTRICES AMDA GUILLERMO ROSALES PRESIDENTE NACIONAL AMDA.
Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Impacto en los 0 kilómetros

Aunque aún no se han publicado las reglas definitivas para la legalización de unidades ilegales, el presidente adjunto de AMDA advierte sobre los efectos negativos que tendrá una vez que entre en vigor el decreto mismos que podrían ir desde empadronar a los que ya están en territorio nacional y que solo pueden circular en los estados fronterizos hasta abrir la frontera norte y permitir la entrada de más vehículos de desecho de origen estadounidense.

“Lo que firmó el presidente fue un acuerdo mediante el cual instruye a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para elaborar el programa de regularización de vehículos ilegales. Dentro de lo que puede ser una situación muy negativa en la que se de un programa de regularización que abarque a todo el territorio nacional que, tal como lo ha planteado el presidente López Obrador, sea en extremo fácil de poder acreditar la tenencia de un auto y esa facilidad para nosotros se convierte en un proceso laxo en el que cualquier vehículo pueda ser regularizado.

"El que haya una tolerancia, para que más allá del objetivo planteado por el presidente de regularizar los vehículos que ya se encuentran en territorio nacional previo a la firma de su acuerdo, esa falta de aplicación podría permitir que sigan entrando mucho más vehículos de los que ya se encontraban y por lo tanto el impacto sea mucho más grave”.

Sin embargo el directivo apunta que las repercusiones podrían ser menores si se emprende un programa de regularización que solo considere a los estados que inicialmente han sido enmarcados en el acuerdo, es decir, los de la frontera más Baja California Sur, y aún así que no sea para todo su territorio sino solo en aquellas localidades en donde existe el problema.

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Peligro en la tercera plaza más importante

“El ejemplo es la zona metropolitana de Monterrey. Nuevo León está incluido dentro de los territorios enmarcados en el acuerdo de regularización sin embargo la zona metropolitana de Monterrey no tiene un problema serio ni siquiera notable de la presencia de vehículos irregulares.

"Lo que sucedería si se abre a la regularización en esa zona, es que se volvería atractivo para que muchas personas aprovechen esta ocasión y adquieran vehículos ilegales que ya se encuentran circulando en la zona fronteriza o, aún más grave, que se de la situación de introducir vehículos y que con ello se inunde la zona metropolitana de Monterrey, que es el tercer mercado más importante de autos en el país tanto para nuevos como para usados, y que con eso tengamos una afectación muy seria para el balance del mercado formal tanto de nuevos como seminuevos”.

Dato histórico

La historia del mercado automotriz nacional no titubea en mostrar con claridad la profunda crisis que experimentó hace algunos años cuando estuvo vigente el último programa de legalización. Los retrocesos frenaron el crecimiento e impactaron al resto de la economía pues el golpe a la venta de autos nuevos fue catastrófico.

“Con la entrada masiva de vehículos usados provenientes de Estados Unidos en el periodo de 2005 a 2009, el mercado nacional cayó casi el 30%, la introducción de estos vehículos fue mayor en un 40% a las ventas domésticas en el 2006, también estudios que realizaron ordenados por la Secretaría de Economía en 2011 y 2014, mostraron un aproximado de 250 mil vehículos nuevos que se dejaron de vender por la saturación del mercado provocada por la introducción de vehículos provenientes de Estados Unidos.

"Esas condiciones pueden repetirse en cuanto a impacto y volver a ocurrir esos niveles con las medidas que ha dispuesto el presidente aún cuando todo dependerá en buena medida de cómo quede el decreto que deba de emitirse y las propias reglas generales que darán pauta para la legalización”.

Freno a la recuperación

El momento que vive el sector de distribución de automóviles nuevos tendrá con este decreto un escalón más cuesta arriba. Guillermo Rosales indicó que en lo que toca a la distribución de vehículos, en 2020 se perdieron entre 6 mil y 7 mil puestos de trabajo los cuales no se han podido recuperar debido a que las ventas no han vuelto a los niveles previos a la pandemia y que paralelamente se enfrentan al problema de la escasa oferta. Agregó que esos puestos de trabajo difícilmente se podrían recuperar en 2022 o 2023 de darse una regularización.

“En lo que toca a la parte de la producción de autopartes y ensamble de vehículos, veo un menor grado de exposición como factor de riesgo por esta medida. El mayor impacto toca al eslabón de la cadena que está representado por AMDA que son los distribuidores de vehículos”.

Frentes en donde impactarían

El daño al medio ambiente es casi a la par de la economía, el más afectado por este decreto. La contaminación, en su sentido más amplio, abarcará no solo al aire, sino al suelo, subsuelo y manto acuíferos. Este escenario es una realidad en la franja fronteriza, que esta catalogada como la más contaminada del país y que se debe a la antigüedad de los vehículos que ahí circulan, a sus malas condiciones mecánicas y a prácticas negativas como la eliminación del catalizador (antes de ponerlos a la venta), para revender los materiales con los que están conformados y que son muy apreciados.

“Además de la calidad del aire también se ve afectado el suelo, los mantos friáticos, debido a que cuando estos vehículos se reparan, la gran parte de las veces se hace en condiciones de informalidad, en terrenos que no tienen ningún control en la disposición de los residuos peligrosos como lo son los aceites, los líquidos, los combustibles, y que se vierten directamente al suelo o, aún más grave, al drenaje contaminando el agua y el suelo. Además de que estimula la proliferación de negocios que son igual o más contaminantes como la introducción de llantas usadas y de vehículos para desguace o para refacciones.

"Lo más preocupante es que quienes introducen estos vehículos para los fines antes citados son grupos que están controlados por la delincuencia organizada, lo cual es una burla al estado de derecho y un castigo a la ciudadanía que está al corriente de sus impuestos por la propiedad y el uso de un vehículo, y todo esto es un flujo de beneficios económicos que favorecen a funcionarios corruptos que toleran y se benefician de estas practicas delincuenciales”.

Acciones

Sin la posibilidad de frenar el trabajo de conformación del decreto de legalización de autos irregulares, Rosales Zárate advierte que en las acciones que emprenderá la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), no se descarta la posibilidad de recurrir a instancias legales.

“Estamos trabajando en primer lugar en mantener el llamado al gobierno federal para que se escuchen nuestros planteamientos y que haya sensibilidad para incorporarlos a través de medidas de control en el programa de regularización buscando atenuar el impacto para nuestro sector. Sea cual sea la forma en la que salga el decreto de regularización será una decisión negativa para el sector automotor, sin embargo el rango de afectación es muy grande y por eso buscamos atenuarlo. De ninguna manera participar en el diálogo con el gobierno federal significa dar nuestro aval a la regularización sino única y sencillamente el objetivo es atenuar el impacto.

“Finalmente, una vez que se encuentre publicado el decreto, no descartamos hacer uso de cualquier instrumento legal que esté a nuestro alcance para frenar estas disposiciones”.

marcos.martinez@eleconomista.mx