El Procurador Fiscal, Carlos Romero, dijo este martes que es de suma importancia el desarrollo del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para construir acuerdos sobre la iniciativa en materia de subcontratación; afirmó que así como se presentó la propuesta busca evitar la defraudación fiscal a través de la contratación de personal y afirmó “tenemos que dejar claro, el personal de una empresa no se subcontrata, se contrata directamente y asume las consecuencias que conlleva esa contratación”.

Durante su participación en la Mesa Tres en materia fiscal, expuso que “a través de los años se han modificado estos esquemas (subcontratación)” y dijo que han evolucionado las prácticas y son más sofisticadas, en donde pseudo despachos de abogados, contadores y supuestos asesores fiscales ofrecen miles de estrategias de evasión.

Destacó que la STPS ha señalado que hay 6,000 empresas de subcontratación abusiva o ilegal que evaden el pago de impuestos por alrededor de 21,000 millones de pesos al año; y se tienen detectadas 1,200 empresas con posibles esquemas ilegal, y concentran 862,489 trabajadores afectados en sus derechos laborales, lo que demuestra que se mantienen en el mercado estas prácticas.

Por lo anterior, dijo el Procurador Fiscal, las actividades de una sociedad mercantil no se subcontratan, se realizan con la estructura propia, es la razón de ser de las personas morales; “cuando se crean empresas para aparentar en mero papel una relación de tercerización con el personal que labora directamente para el contribuyente nos encontramos ante una actividad delictiva”.

En ese sentido dijo que con la propuesta de reforma “no combatimos la auténtica y la verdadera profesionalización de servicios especializados, ni el sano desarrollo del mercado, sino todo lo contrario”, el mensaje debe ser claro, “la simulación de esta índole será sancionada con penas de prisión agravada”.

Detalló que una de las propuestas consiste en la modificación del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal cometidos a través de contratación de personal con la simulación de servicios especializados.

“El que un delito sea calificado significa que las personas acusadas de cometerlo seguirán su proceso en prisión preventiva; cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos de conformidad con la reforma penal fiscal que entró en vigor este año. Esto no quiere decir que los esquemas de subcontratación simulada no se encuentre tipificada actualmente, si lo está, de manera genérica; pero se pone una calificativa para este caso”.

Analizarán todas las observaciones para elaborar el dictamen de reforma

En tanto, la presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, afirmó que todas las observaciones que se han presentado en el Parlamento Abierto serán consideradas para elaborar el proyecto de dictamen que presentarán de manera conjunta con la Comisión de Trabajo y Previsión Social para reformar la subcontratación.

Comentó a El Economista que hasta ahora se mantiene el proceso legislativo de llevar a votación el dictamen el próximo jueves; no obstante, dijo que ello dependerá del análisis que se realice de todas las observaciones que presentaron los más de 100 participantes en el Parlamento Abierto.