El giro en la política de abasto público de medicamentos, que apunta a la compra masiva de producto en el exterior por adjudicación directa, podría enfrentar sus primeros obstáculos en los tribunales.

La industria farmacéutica y legisladores consideran la interposición de recursos legales, al considerar que la nueva estrategia va en contra del artículo 134 constitucional, que plantea la obligación de realizar licitaciones para el abasto de los insumos del gobierno.

“Hay un análisis por parte de algunos legisladores de oposición para introducir una controversia constitucional y nosotros analizaremos los juicios de amparo”, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Otras fuentes del sector empresarial farmacéutico afirmaron que, si bien es una medida que podría tomar tiempo en asumirse, no se descarta.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un período extraordinario de sesiones cambios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que el gobierno pueda realizar compras públicas de medicamentos sin licitación, bajo la intermediación de organismos intergubernamentales.

Lo anterior luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que el gobierno optaría por el abasto externo como vía para eliminar la corrupción que, ha señalado, pervive en las licitaciones de producto.

El viernes pasado, apenas un día después de la reforma a la Ley de Adquisiciones, el gobierno mexicano firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra consolidada de medicamentos, vacunas y equipo médico.

Un día antes, el presidente López Obrador anunció también que el gobierno creará una empresa estatal de distribución de fármacos e insumos médicos, que estará dirigida por David León, quien venía desempeñándose como comisionado de Protección Civil.

“El asunto es grave porque tenemos un gobierno que no ha entendido cómo se compran los medicamentos... crear una Conasupo de los medicamentos no necesariamente resuelve el problema”, opinó Enoch Castellanos.

Luego de acusar la existencia de corrupción y una excesiva concentración del mercado, el gobierno federal decidió encomendar el año pasado la compra consolidada a la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero los resultados no fueron los esperados. En la compra de diciembre del 2019, se lograron licitar apenas 30% de las claves de medicamentos puestas a concurso, lo que implicó que el resto tuviera que comprarse a través de adjudicaciones directas.

De acuerdo con el Instituto Farmacéutico de México (Inefam), consultora que analiza el mercado farmacéutico del país, cerca del 90% de las compras de fármacos a la primera mitad del 2020 se han realizado mediante adjudicaciones directas, sin que se haya resuelto el problema de desabasto.

Tan solo el año pasado, el número de proceso de compra fue de 6,000, cuando en años pasado se observaban entre 3,000 y 4,000, lo que es reflejo de compras “más desordenadas con una mayor dispersión de precios y una menor cobertura”, afirmo Enrique Martínez Moreno, vicepresidente de la firma consultora.

Según los análisis del Inefam, cuando el gobierno compra vía adjudicación directa, compra entre 30% y 60% más caro, debido a la menor presión competitiva, que empuja los precios a la baja.

A decir de fabricantes nacionales de medicamentos, este problema puede resolverse con mayor planeación. “Si hay buena planeación, se bajan los costos. Lo peor es que no haya planeación, porque hay compras de pánico”, afirmó Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

De acuerdo con los análisis del Inefam, la importación de medicamentos no será la panacea para resolver el abasto pues, recordó Enrique Martínez, actualmente 60% de las licitaciones ya son abiertas a abasto externo y aún en esas condiciones muchas se han declarado desiertas porque no han resultado atractivas para los postores externos.

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