Este viernes se retomarán las negociaciones que había emprendido el entonces presidente Vicente Fox para el ataque frontal al problema de la piratería, contrabando y robo, y será a través de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, presidida por la Secretaría de Gobernación, donde se diriman los temas que dañan al sector empresarial y a la sociedad, adelantó Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Dicha Comisión fue creada por decreto presidencial a finales de la administración pasada, e integrada por el titular de la Secretaría de Hacienda, Economía y Seguridad Pública, además de ser miembros invitados las cúpulas empresariales, las autoridades de los estados y municipios, así como el SAT, PGR, un representante de la oficina de la Presidencia y la Auditoría Fiscal Federal.

Sin embargo, a raíz del auge de la informalidad, donde el 60% de la población mexicana es partícipe de ella y el dato de que el 80% de los mexicanos consumen en la economía informal, ha derivado la inquietud del sector empresarial a atacar este cáncer. Y aunque cuando fue aprobada una ley para perseguir de oficio a la piratería, esta medida es insuficiente para recuperar el mercado interno, afirma Salomón Presburger, presidente de la Concamin y Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal (IPPIC).

La principal demanda del sector privado es consolidar las tareas de inteligencia y de investigación del delito que permitan identificar y desmantelar estructuras criminales que proveen la economía ilegal y sancionar eficazmente a los responsables de su operación.

Datos del sector empresarial del 2006, que son los más recientes, demuestran la ineficacia en la labor de investigación, pues de 400 querellas en materia de propiedad intelectual sólo un 10% reunieron los requisitos para ser evaluados por el poder judicial y ser sancionables. Y de éstos sólo 4 obtuvieron sanción condenatoria con 3.5 años de prisión como la más alta.

Además, el 52% de las 400 querellas fueron archivadas por el Ministerio Público, donde no hizo la tarea de investigación.

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