La Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha llegado a la conclusión, luego de cinco distintas etapas de una investigación que transcurrió en un periodo de tres años, que existen elementos para presumir que en el traspaso de trece estaciones de radio AM/FM de uno a otro grupo radiofónico de tamaño y presencia nacional pudo haber existido el objeto de obstaculizar la competencia y concurrencia de actores en los doce mercados relevantes a donde dan cobertura esas trece frecuencias, al menos en dos de ellos, pues allí existen elementos más claros como para fincar posibles responsabilidades por dos concentraciones ilícitas.

La primera etapa de la investigación de la AI comenzó el 10 de agosto de 2016 y la más reciente concluyó el 14 de marzo de 2019, y con base en la información recopilada en todas esas indagaciones esta unidad autónoma del IFT determinó que si bien el grupo adquiriente entró por primera vez en varias de las plazas de radio objeto de las investigaciones, sus accionistas ya participaban con paquetes accionarios en otras estaciones con presencia previa en esos mercados y en algunos casos eran los mismos dueños de emisoras que ya transmitían en dichas localidades.

El grupo adquiriente además se convirtió en varias de esas poblaciones en el agente económico de mayor participación de mercado, aunque no llegó al umbral del 35.0% del negocio, pero con lo que prácticamente ningún competidor local o regional pudo ejercer presión competitiva en el mercado y difícilmente otros actores pudieron entrar a competir en dichas plazas:

“…Se advierte que los índices de concentración rebasan los umbrales establecidos por el IFT en el criterio técnico para considerar que es poco probable que una concentración en los mismos pudiera tener como objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la competencia económica y la libre concurrencia (…) Se advierte que un agente que pretenda ingresar a los mercados relevantes enfrentaría barreras a la entrada y no existen competidores con capacidad de ejercer presión competitiva..”, se lee en el extracto público de la resolución con la que la Autoridad Investigadora propuso ya el 5 de junio pasado al pleno del IFT el inicio del procedimiento en forma de juicio derivado del expediente Al/I0-001-2016 para emplazar a los probables responsables de esas acciones.

El dictamen final de la Autoridad Investigadora halla su principal sustento en el Artículo 78 de la Ley Federal de Competencia Económica (LCFE) y también ha invitado a la Unidad de Competencia Económica del IFT (UCE) a participar en este asunto dentro del radio de acción que le faculta la ley.

Desde la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el segundo semestre de 2013, no se recuerda un caso donde una concentración de este número de emisoras desatara una investigación así de la AI.

Una historia dos grandes grupos que empezó en 2015

De acuerdo con el detalle de la Autoridad Investigadora, el 12 de agosto y el 14 de octubre de 2015 los agentes económicos que hacen parte de su investigación solicitaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cesión de derechos de trece frecuencias de espectro; diez en una ocasión y tres más en la siguiente solicitud. En total, los agentes económicos habían solicitado la cesión de obligaciones y derechos de 16 títulos de concesión.

El 1 de marzo de 2016, ya con el visto bueno de la mayoría de comisionados del IFT, las partes notificaron a la Unidad de Competencia Económica del regulador la cesión de las frecuencias de radio de uno a otro radiodifusor, pero la acción se tuvo por no notificada ante la UCE debido a que ninguna de las partes presentó toda la documentación necesaria para inscribir en definitiva la información de esas trece concentraciones.

Este hecho hizo sospechar a la Autoridad Investigadora y entonces hizo público el 22 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el arranque de sus investigaciones para esclarecer esta historia.

“Los hechos investigados consistieron en trece probables concentraciones ilícitas previstas en el artículo 62 de la LFCE, derivado de la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en los referidos trece títulos de concesión para el uso, aprovechamiento y explotación comercial de frecuencias del espectro radioeléctrico restar el servicio de radiodifusión sonora”, dijo la AI.

Excomisionados advirtieron concentraciones sospechosas

Según las versiones estenográficas del 12 de agosto y del 14 de octubre del año 2015, los ahora excomisionados Ernesto Estrada, Fernando Borjón, Adriana Labardini y María Elena Estavillo advirtieron sobre potenciales efectos contrarios a la competencia en el mercado de radio AM/FM en las ciudades donde repercutiría el traspaso de señales.

Como ejemplo, un comisionado sostuvo que un agente vendería una estación de Ciudad Obregón, Sonora, a otro agente que, por un lado, ya tenía cinco estaciones de AM y cinco estaciones más de FM y por el otro, que era de algún modo accionista en el grupo vendedor.

“Yo considero que este asunto debería de ser analizado a mayor profundidad, para ver cuál es el impacto que tendría en la competencia y no quedarnos en la literalidad y no decir que, como no es exactamente la misma persona moral, pues entonces ya no se hace este análisis de competencia que es lo que propone el proyecto. En ese sentido, yo pediría que ese asunto se revisara a fondo”, dijo aquel comisionado antes de dejar el cargo por finalización de su gestión.

“Hemos visto muchos casos, que incluso en las cesiones son entre familiares por consanguineidad, y entonces están dentro del mismo grupo, pero hay casos relevantes como este sin que esté yo en contra o a favor, pero es un grupo cediéndole a otro grupo… la cesionaria no cuenta con otras concesiones, pero sus accionistas sí en la misma plaza”, comentó a su vez una comisionada, según se lee en las páginas 44, 45 y 48 de las distintas versiones estenográficas del 12 de agosto y del 14 de octubre de 2015.

El aval del pleno del IFT a las cesiones de derechos y obligaciones salieron por unanimidad o mayoría de seis votos de los comisionados en las deliberaciones de 2015, según los distintos expedientes de esas fechas.