El juicio de la filial francesa de Ikea, acusada de haber creado un sistema de vigilancia ilegal de sus empleados, incluidos los sindicalistas, empezó este lunes en un el tribunal penal de Versalles, cerca de París.

La filial del gigante sueco del mueble -procesada como persona jurídica y representada legalmente por su consejera delegada y directora financiera Karine Havas- se enfrenta a una multa de hasta 3.75 millones de euros (4.4 millones de dólares).

También se juzgan a quince personas, entre ellas gerentes de tiendas, funcionarios de policía, y antiguos ejecutivos, como el exdirector general Stefan Vanoverbeke (2010-2015) y su predecesor Jean-Louis Baillot.

El caso, revelado en 2012 por el semanario satírico Le Canard Enchaîné y la web de información Mediapart, fue denunciado por un sindicato y provocó el despido de cuatro altos directivos de la empresa.

La investigación sacó a la luz, según la fiscalía de Versalles, la existencia de un "sistema de espionaje" de los empleados pero también de los candidatos al empleo que se extendía por todo el país.

Según la acusación, se recabó información de varios centenares de personas, entre ellas sindicalistas, y se analizaron escrupulosamente sus antecedentes penales y su estilo de vida.

Este es un juicio que debe ser ejemplar", dijo Adel Amara, exdelegado del sindicato FO en una tienda de Ikea en Franconville (Val-d'Oise), antes de la audiencia.

"Estamos aquí hoy para demostrar que hay este tipo de maniobras en las empresas que vigilan a los sindicatos y sobre todo a los empleados", afirmó por su parte Amar Lagha, secretario general del sindicato CGT en el sector del comercio y los servicios.

Pero según algunos abogados defensores, la investigación tiene muchos puntos débiles. Olivier Baratelli, abogado de la exdirectora de recursos humanos Claire Héry, dijo que abogaría por la nulidad del caso, denunciando una "fábula fabricada por los sindicatos".

El juicio durará hasta el 2 de abril.