A un año de haber iniciado la actual administración federal no se han logrado alinear las estrategias de combate a la corrupción, dijo Pablo Montes.

En entrevista, el coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explicó que el gobierno federal tiene una estrategia muy clara y muy marcada de combate a la corrupción, vinculada a la ciudadanización de la denuncia, pero con acciones muy aisladas.

De acuerdo con Montes se ha visto a una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muy activa, pero sus acciones no son acompañadas por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción o con un seguimiento desde la ciudadanía.

“Ha habido estrategias, pero separadas. Además, han ocurrido reducciones al presupuesto a instituciones del sistema, lo que deja ver que el gobierno federal sólo está dispuesto a implementar su estrategia, sin aprovechar los mecanismos de coordinación y de apoyo que pudiera ver con otras instituciones, que es lo que ofrece el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual es fundamental”, aseguró.

El coordinador Anticorrupción del IMCO destacó que, “si el gobierno federal establece una política anticorrupción que no tiene en mente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (Inai), a la Auditoría Superior de la Federación y la ciudadanía, será una estrategia que quedará incompleta”.

No basta con tener voluntad política para acabar con el fenómeno

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado tener voluntad política de combatir la corrupción, pero eso no es suficiente para acabar con ese fenómeno. Montes recalcó que, aun teniendo voluntad política, “si no se tienen instituciones preparadas para detectar, investigar y sancionar este tipo de conductas, no será posible desmantelar las redes de corrupción y reparar el daño que hayan causado”.

Por eso, aún con toda la voluntad política del mundo y con todos los esfuerzos que una persona como el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera tener, “no va a ser posible controlar la corrupción en el país, hasta que esta voluntad esté mezclada con un fortalecimiento institucional donde se tengan fiscalías con los perfiles y los recursos necesarios, así como acceso a la información de otras dependencias con las que se haga un trabajo coordinado”.

Hasta ahora, según Pablo Montes, lo que ocurre es que no se está volcando atención a la construcción de instituciones fuertes y capaces. “Lo único que se están haciendo son esfuerzos aislados y personalizados que sí representarán un avance, pero que quedarán incompletos”.

Enfatizó que para desmantelar una red de corrupción necesariamente debe haber una coordinación de instituciones, lo cual implica intercambio de información y trabajo en conjunto. 

Esto es posible, añadió, “si se alinean agendas y estrategias. Por eso, el Sistema Nacional Anticorrupción es un buen mecanismo de coordinación para que, justo cuando una institución detecte un caso de corrupción, pueda tener el acompañamiento de otras, coordinándose para investigar compartiendo información y luego consignar expedientes debidamente integrados al poder Judicial”.

Para desmantelar redes de corrupción es necesario el trabajo colaborativo

El especialista insistió que la corrupción funciona en red y desmantelarla implica un trabajo colaborativo.

Para Pablo Montes, en casos como la llamada “Estafa Maestra” donde un grupo de funcionarios habrían participado en un sistema para desviar recursos públicos utilizando empresas fantasmas, hasta el momento sólo se ha procedido legalmente contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y no contra los demás presuntos implicados, porque claramente no fue la única que participó.

Por otra parte, consideró que para que el combate a la corrupción sea eficaz, se necesita imparcialidad.

El presidente López Obrador “no puede elegir discrecionalmente quién es corrupto y quién no. Eso lo eligen las instituciones y los procesos judiciales”, agregó.

El investigador del IMCO puso como ejemplo los señalamientos de presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Diaz y el gobierno federal no procedió contra él, lo cual pone en duda su voluntad de combate a la corrupción.

Además, Pablo Montes consideró que, hasta ahora, la implementación del SNA ha sido difícil y lenta, además de que se ha visto entorpecida, en gran medida, por distintas acciones, tanto de bloqueo como de cooptación de distintos gobiernos estatales o federal.

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kg