Aunque el Ejecutivo dispuso el mes de abril de 2022 para arrancar con su implementación, la reforma constitucional energética se discutirá desde este año en el Congreso mediante parlamentos abiertos entre analistas, en la industria y el gobierno, rumbo a que con el posible apoyo del PRI y el resto de sus aliados, la administración morenista establezca de nueva cuenta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una sola mega empresa vertical, limitando la participación de privados y renovables en el sector.

Los cambios a los Artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, con los que se buscará darle a la empresa eléctrica del Estado una preponderancia de 54% en la generación de electricidad además de único comercializador, distribuidor y transmisor de ésta, pondrían en jaque inversiones en el sector, ejecutadas o en ejecución, por 44,000 millones de dólares, sin contar las inversiones de los planes proyectados, estima la industria, según ha expresado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Pero además, los cambios que pretenden también regresar a los reguladores a la tutela de la Secretaría de Energía y al gestor de la red de transmisión que es el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE provocarían costos de alrededor de 85,000 millones de dólares en daños potenciales y compensación a privados, y afectarían la perspectiva macroeconómica de México que resultaría en la pérdida del grado de inversión del país, como señaló Citibanamex, en las múltiples críticas acerca de los cambios.

Destaca como parte de los cambios la idea de darle al Estado la explotación exclusiva del litio que será el combustible del futuro para almacenamiento en baterías eléctricas aunque según el analista Ramsés Pech, el negocio del litio no está en la extracción sino en los productos que salen de las reacciones fisicoquímicas, realizadas por diferentes procesos, y en función del tipo de fuente del litio.

“Actualmente en México, no existe una mina que este en fase de explotación, solo hay en piloto (inicio estudios en 2010), y el resto está en exploración-evaluación por ciertas manifestaciones observadas, a las cuales deberán invertir para poder certificar las reservas”, detalló Pech.

Entre las posibilidades se ha establecido que se forme una empresa estatal para la explotación de este mineral y según Ramsés Pech, el éxito de la nueva empresa dependerá de contar con un presupuesto propio e independiente, y al ser una empresa estatal para tener acceso a tecnología, por lo que deberá licitar en forma pública, pudiendo incrementar los tiempos para poner a explotar la mina; antes los cambios de demanda tan abruptos del mercado de lito, que se esperan en el mediano a largo plazo, por el incremento en la demanda para su uso de baterías de carros eléctricos.

Los cambios al artículo 25 Constitucional incluyen derogar el concepto de “empresas productivas del Estado”, ahora son organismos, con un párrafo adicional que establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna mediante el acceso a la energía.

Los afectados

De aprobarse la iniciativa que modifica la Constitución y obliga a que todos los generadores de energía que competirán entre ellos para venderle un máximo de 46% de la generación nacional al único suministrador que será la CFE, se verían afectados los ganadores de subastas para venta de energía al Estado, como la italiana Enel, que posee 19 centrales de generación hidroeléctricas, eólicas y solares, con una capacidad instalada de 3,005 megawatts y otras como Canadian Solar y la coreana Kepco, que se ubican entre las firmas más grandes de sus países.

Las afectadas por perder sus contratos legados de autoabasto del régimen anterior, como operadoras de parques, que son todavía 251, incluyen a los mayores productores de energía del país, como Acciona, Gamesa y Peñoles. Bajo el régimen legado de autoabasto y cogeneración consumen energía en calidad de socios del proyecto empresas del tamaño de Audi, Cemex, Alsea, Femsa, Walmart, Grupo Modelo, Bimbo, Oxxo, Nissan, Nestlé, Soriana, Grupo Salinas, Volkswagen, además de que se ha llegado a un mercado paralelo de casi 70,000 socios.

Y entre las más afectadas está la española Iberdrola, con presencia desde hace 20 años en el país y una capacidad instalada de 8,543 megawatts repartidos en 20 centrales de ciclo combinado, parques eólicos y fotovoltaicos en 15 estados. De esta capacidad, casi 57% corresponde a la que se ha adjudicado mediante contratos de largo plazo para venta exclusiva a la CFE.

karol.garcia@eleconomista.mx