En México 561 de cada 10,000 unidades económicas (5.6%) que realizaron trámites durante el 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción, tasa que se incrementa a 1,317 unidades económicas por cada 10,000 habitantes para el caso de unidades económicas grandes y 755 unidades económicas en el caso de unidades industriales, reveló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la percepción de corrupción entre las empresas es mucho mayor, pues 4,564 firmas por cada 10,000 (45.6%) creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron.

En este panorama los empresarios en México parecen estar más preocupados por la calidad de los servicios públicos básicos que por lo que corresponde con regulación y corrupción, se infiere a partir de los resultados de la ENCRIGE.

Los servicios públicos básicos no rebasaron 60% de satisfacción para los empresarios del país, siendo lo peor el servicio de policía, con 32.2%, y lo mejor, recolección de basura, con 56 por ciento. En tanto, sólo una de cada cinco empresas considera que el marco regulatorio les representó un obstáculo para el logro de sus objetivos.

Los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en el 2016 se estimaron en 115,700 millones de pesos, 0.56% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48,871 pesos por cargas administrativas y 50.9% de las unidades económicas refirió que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en el 2016 fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las del 2015.

La ENCRIGE fue realizada por primera vez con el objetivo de generar información a nivel nacional de las experiencias y percepción en las empresas del sector privado respecto a trámites, marco regulatorio, corrupción y servicios públicos. La encuesta, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se realizó a 34,681 unidades económicas a nivel nacional, del 31 de octubre al 15 de diciembre del 2016.

Las entrevistas revelaron que durante el 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales; es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica. Las principales razones fueron con 96.8% el inicio o seguimiento a averiguaciones previas o carpetas de investigación, seguido de conexión al sistema de aguas local (95.7%) y apertura de establecimiento (94.9 por ciento).

Respecto a la satisfacción de los servicios públicos básicos, el líder fue recolección de basura con 56%, seguido de agua potable (50.7%), drenaje y alcantarillado (45.8%), alumbrado público (36.9%), calles y avenidas (35.9%), carreteras libres (35.2%) y al final, policía (32.2 por ciento).

Destaca que a pesar de que alumbrado público y seguridad no rebasaron una satisfacción de 40% y que calles y avenidas reportaron una inseguridad de 76%, 90.2% de las empresas encuestadas a nivel nacional indicó que no tuvo que contratar servicios de seguridad privada, independientemente de la condición de la policía en su municipio o delegación.

Destaca que los servicios públicos de infraestructura terrestre no obtuvieron un porcentaje de satisfacción mayor a 50% en la ENCRIGE. La mejor satisfacción de infraestructura fue el servicio de aeropuertos con 68.1%, seguido de correos (64.7%), telefonía fija (62%), recolección de desechos de alto volumen (60.7%), telefonía móvil (57.6%), Internet (56.1%), puertos navieros (54.8%), carreteras y caminos de cuota (47.4%), energía eléctrica (46.2%), hidrocarburos y combustibles (36.9%) y vías férreas (35.8 por ciento).

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