Desaparecer los órganos reguladores económicos autónomos, como lo plantea el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, enviaría una señal a los mercados internacionales de que en México se ha puesto en marcha un retroceso democrático importante y de riesgo para las inversiones extranjeras, así como un golpe a los consumidores por quedarse desprotegidos, al no contar con reguladores de competencia, telecomunicaciones o energía, alertó Claus Von Wobeser, presidente de la Cámara de Comercio Internacional México (ICC, por sus siglas en inglés).

Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC, afirmó que desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá un impacto negativo entre los consumidores mexicanos ya que, desde su creación en el 2014, “sus beneficios sociales ascienden a los 20,500 millones de pesos en 37 casos principales resueltos; mientras que han supervisado transacciones comerciales por casi 13 billones de pesos, además de puesto reglas claras y dado certeza en los mercados”.

“El IFT ha logrado reducir los precios de las telecomunicaciones en más de 27% y servicios móviles en 44%, lo que ha implicado ahorros por 425,000 millones de pesos desde 2014 a la fecha”, sostuvo.

Flores Bernés explicó que prescindir de la Cofece y el IFT perjudicará a los consumidores porque “no vamos a tener un organismo eficiente que evite concentraciones de poder monopólico en los mercados”.

Agregó que de modificar la Constitución mexicana para desaparecer a ambos “sería un gran retroceso y violaría el T-MEC, incluso, podría generar responsabilidades conforme a los Tratados de Libre Comercio y de Protección a las Inversiones celebrados por México.

“La absorción de los Organismos Constitucionales Autónomos y otros Organismos Autónomos (OCA) por parte de las Secretarías de Estado del Ejecutivo Federal, además de grave, atentaría contra el estado de derecho que con tanto esfuerzo se ha consolidado en México desde la pacífica alternancia política de 2000”, sentenció Claus Von Wobeser en conferencia de prensa virtual.

En su oportunidad, Luis Daltón, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del ICC, sostuvo que también será una regresión grave el eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ya que provocaría un “blackout (apagón) de información” para los usuarios.

“La propuesta de regresar las funciones del Inai a la Secretaría de la Función Pública no es viable, pues parte de un entramado constitucional complejo, que es el Sistema Nacional de Transparencia que no sólo abarca el ámbito federal, sino estatal y municipal y tiene alcance no sólo sobre el poder Ejecutivo, sino sobre el legislativo, judicial, partidos políticos y sobre los organismos autónomos, así como de sindicatos de algunas empresas productivas del estado”, acotó.  

“La absorción de los OCA demerita derechos fundamentales de las personas y empresas que en México aspiran a desarrollarse en un entorno donde imperen reglas claras y donde exista un ejercicio de poder con pesos y contrapesos reales, no donde predomine el autoritarismo que perduró en nuestro país la mayor parte del siglo XX”, dijo el ICC.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx