Mientras en Buenos Aires impulsa por estos días un seminario sobre los alcances de la llamada Ley Pyme en las pequeñas y medianas empresas, Paolo Rocca acaba de recibir una buena noticia vinculada a un juicio internacional que mantiene con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El empresario, dueño del Grupo Techint, fue informado sobre la decisión del CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, de darle la razón al conglomerado argentino en un conflicto generado con el país caribeño luego de que éste decidiera de manera unilateral la nacionalización de las empresas Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa), y Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua) durante el gobierno de Hugo Chávez, en el 2009.

Ambas compañías eran controladas por el holding de la familia Rocca a través de su subsidiaria Tenaris, y fueron expropiadas luego de que Chávez anunciara la creación de una gran empresa estatal "socialista", sobre la base un proceso de nacionalización de compañías extranjeras.

Luego de esa determinación, Tenaris y su subsidiaria Talta abrieron un juicio contra Venezuela en los tribunales del CIADI que fallaron a favor de que el país conducido por Nicolás Maduro abone una indemnización global de 184.9 millones de dólares por los daños ocasionados al quedarse con las empresas dedicadas a la producción de tubos de acero sin costura y de briqueta de acero en caliente.

Los procedimientos judiciales fueron iniciados por Tenaris el 20 de julio del 2012 con fundamento en los tratados bilaterales de inversión suscritos por Venezuela con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa y con Portugal.

Según informó el grupo a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el tribunal resolvió laudar en favor de Tenaris confirmando que Venezuela había expropiado sus inversiones en Tavsa y Comsigua en violación de los tratados bilaterales. En este sentido, la decisión de los jueces del tribunal arbitral fue la de reclamar a Venezuela que abone a Tenaris una indemnización de 137 millones de dólares y 24.6 millones de dólares en intereses devengados hasta el laudo. Además, ordenó que Venezuela reembolse a Tenaris 3.3 millones de dólares de honorarios legales y costos administrativos.