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Corredores públicos, bajo la lupa de la Cofece
El regulador investiga la existencia de posibles barreras que limitan la oferta de servicios.
PLATICA A MEDIOS, DE LA PRESIDENTA DE LA COFECE ALEJANDRA PALACIOS, PARA EXPLICAR EL ESTUDIO QUE PUBLICO LA ORGANIZACION ANTES MENCIONADA. ERIC LUGO
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó el aviso de inicio de una investigación por denuncia de posibles prácticas monopólicas en el mercado de servicio de afiliación a colegios de corredores públicos en plazas que conforman el país y servicios relacionados.
El corredor público es un fedatario con una función mixta: perito en derecho mercantil y en aspectos económicos-financieros. Mediante exámenes, es autorizado por la Secretaría de Economía para actuar como un agente auxiliar del comercio.
De acuerdo con la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, le corresponde actuar en hechos y contratos de naturaleza mercantil, como la constitución de toda clase de sociedades mercantiles o la protocolización de actas de asamblea de socios y sesiones de consejos de administración, entre otras funciones.
La autoridad antimonopolios refirió en un comunicado que los corredores públicos contribuyen a la realización de diversas actividades económicas mediante la prestación de sus servicios, por lo que deben otorgarse en un entorno competitivo. La investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento, pues hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni quien, de ser el caso, sería considerado como probable responsable al término de la indagatoria, aclaró.
El periodo de investigación es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de la emisión del acuerdo de inicio, el 2 de octubre del 2018, el cual podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones adicionales.
Si al término del plazo no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno de la Cofece podrá resolver que el expediente se cierre.
En caso de que existan elementos objetivos que presuman una violación a la ley, los responsables serán llamados a un procedimiento en forma de juicio para que presenten su defensa. De comprobarse, podrían ser sancionados con multas de hasta 8.0% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.
Desde hace algunos años la Cofece ha criticado la forma en la que se manejan sectores de afiliación obligatoria, como el de los notarios, ámbito en el que ha acusado la existencia de barreras que limitan la oferta, favoreciendo altos precios en los servicios que proporcionan.
