El tren de pasajeros México-Toluca (que forma parte de los compromisos hechos por el presidente Enrique Peña Nieto) se aleja de su objetivo de iniciar pruebas operacionales durante el primer semestre del presente año, como lo afirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, en diciembre pasado, luego de un recorrido para verificar avances.

La obra costaría inicialmente 35,000 millones de pesos y a la fecha está registrada con 59,000 millones de pesos y debió estar concluida a finales del año pasado.

La noche del viernes, la SCT difundió un comunicado donde para explicar que en su proceso de construcción hay un tramo en donde están suspendidos los trabajos desde el pasado 10 de enero, debido a las inconformidades mostradas por un grupo de personas de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac en el Estado de México.

“La terminación en tiempo de la obra está amenazada por tales acontecimientos”, aseguró la dependencia.

La zona en conflicto forma parte del tramo 1 (que va de la estación terminal Zinacantepec a la Marquesa), a cargo de Constructora de Proyectos Viales de México y La Peninsular, y de acuerdo con la dependencia es el que más avance físico presenta (84 por ciento). Los otros dos tramos corresponden al bitúnel de La Marquesa y a su continuación hasta el Metro Observatorio.

“La obra civil (mencionada) estaba proyectada para ser concluida en mayo de este año; sin embargo, la interferencia del grupo de quejosos ha provocado un retraso que, hasta la fecha, es ya de tres meses, tiempo al que debe sumarse el requerido para la restauración de los procesos constructivos, los cuales también han sido interrumpidos por la misma causa”, afirmó la SCT.

¿Conflictos ambientales o económicos?

De acuerdo con la versión de la Secretaría, un grupo de personas ha impedido continuar con los trabajos de construcción en Ocoyoacac, pese a que se desarrollan terrenos de propiedad federal, expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad desde 1943, y cedidos por la empresa paraestatal a la SCT para dar cabida al tren, por lo que indemnizó a quienes aprovechaban los terrenos a fin de lograr su desocupación. Lo anterior, aseguran, quedó asentado en el convenio firmado entre la representación comunal y la Secretaría el 16 de octubre del 2015, donde se otorgó la transmisión de derechos de posesión de una superficie de 172,292.47 metros cuadrados.

No obstante, en diversas entrevistas y manifestaciones, los afectados reiteran que su oposición es por las afectaciones ambientales que ha causado la construcción.

En su comunicado del viernes, la SCT refirió que “pese a haber sido indemnizado, este mismo grupo interpuso un amparo el pasado 19 de enero, procedimiento que fue sobreseído el 22 de marzo del 2018 por el juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México”. Aun con ello, en los primeros días de marzo la SCT refería que los trabajos se reanudarían a la brevedad.

Así, la SCT intentó reanudar las obras el 26 de marzo y “el grupo volvió a interferir para impedir la realización del trabajo, demandando grandes cantidades de dinero adicionales a la indemnización, aun sin tener derecho al pago que reclaman”.

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