Si bien la informalidad laboral en México reporta tasas superiores al 50% de su población ocupada, al analizar cada una de sus entidades se observan niveles que oscilan en promedio a las de un país africano al 80%, sobre todo en la región sur correspondiente a entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al presentar el documento “Estimaciones de la informalidad en México a nivel subnacional”.

“Esa heterogeneidad de los niveles de informalidad que se observa (en México), demanda el desarrollo de medidas específicas para cada región, una sola medida difícilmente podrá ser la herramienta”, dijo Alberto Arenas, director de la división de Desarrollo Social de la CEPAL.

En una presentación conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), revelaron que si se revisa la informalidad entre los principales sectores de actividad económica, “lo que vemos es que el mayor número de trabajadores informales se encuentran en el sector de servicios; sin embargo, dentro de la agricultura o de la construcción el porcentaje de informales es de los más altos”.

Roberto Gerhard Tuma, director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la STPS, destacó que el gobierno federal ha tomado varias acciones para combatir la informalidad que van desde acceso al financiamiento, hasta componentes educativos como las becas.

Las consecuencias negativas, detalló Arenas, "desde el punto de vista del individuo enfrentamos falta de acceso a seguridad social, bajos salario, asistencia de derechos laborales; también hay un menor acceso a financiamiento y participación en el sector financiero inestabilidad en el empleo”.

Desde el punto de vista de un país, afecta con bajos niveles de recaudación tanto en la seguridad social como en la hacienda pública, una baja productividad en la economía, retroalimenta los ciclos de pobreza al interior del país, también perpetúa prácticas de discriminacion y probablemente de autoselección.

La crisis derivada del coronavirus no sólo ha provocado la mayor contracción económica en los últimos 120 años en la región, sino que ha profundizado los problemas de nuestro modelo de desarrollo, por ejemplo, los niveles de pobreza y desigualdad.

La pobreza se ubica en 33.7% de la población en América Latina, equivalente a 209 millones de personas, con 78 millones de ellas en situación de pobreza extrema, 8 millones más en 2019.

kg