Desde el arranque de la legitimación de contratos colectivos de trabajo, en mayo de 2019, que por ley deben realizar todas las organizaciones sindicales, hay en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) 11 contratos que han sido disueltos dado que los trabajadores rechazaron ser representados por la organización sindical que tenía la titularidad.

De acuerdo con el CFCRL el perdedor de contratos es el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de H. Matamoros, Tamaulipas, quien ha perdido la votación con los trabajadores en cuatro contratos colectivos de trabajo, y al frente de la organización está como dirigente Juan Villafuerte.

Dicha organización sindical forma parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien cuenta con el mayor número de contratos en el país, pero que también es la que ha perdido más como central obrera en las votaciones que han ejercido los trabajadores de manera libre, secreta y directa; pues los 11 contratos que han desaparecido formaban parte de esta central obrera.

El segundo sindicato con cancelación de contratos es el que lidera Roberto Mendoza, denominado Sindicato Industrial de Trabajadores en Productos de Acero Inoxidable Similares y Conexos del Estado, y cuyo contrato cancelado fue el de Liverpool en Colima, el pasado 13 de octubre.

De los 500,000 contratos que la autoridad espera legitimar, hasta la fecha van 2,277; con un total de 1,563 registros sindicales; en donde han participado alrededor de 993,403 trabajadores.

Falsas legitimaciones

Al respecto, Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que la Ley General del Trabajo dice que aquellos contratos o líderes que no se hayan legitimado después de cuatro años de haber entrado en vigor (1 de mayo de 2019), motivará que todo contrato sea nulo y los dirigentes también serán declarados inválidos.

Además, señala que la legitimación también ha dado pie a que se legitimen contratos colectivos que en su momento fueron identificados como de protección.

pilar.martinez@eleconomista.mx