El año pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) redujo en 39% el otorgamiento de permisos para todas las actividades que regula, al otorgar únicamente 671 permisos para actividades de generación de electricidad, así como almacenamiento, distribución, importación y comercialización de combustibles, en contraste con los 1,099 permisos otorgados en 2019.

Según el Informe de Labores 2020 del regulador, las restricciones en actividades administrativas y en movilidad provocaron esta parálisis, misma que la industria ha denunciado en múltiples ocasiones, incluso antes de que la actual administración buscara frenar la actividad de privados en materia eléctrica y de combustibles, con reformas a las leyes que se encuentran suspendidas en juzgados de distrito hasta las sentencias de amparo. Y es que si se suman los permisos otorgados en la presente administración: 1,770 en total según los informes de labores de cada ejercicio, se quedan 35% por debajo del promedio de los años anteriores, luego de que en promedio la CRE otorgó 2,711 permisos para hidrocarburos entre 2013 y 2018, según el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018 del regulador.

La reducción de actividades de la CRE también se observa en la operación administrativa, que si bien durante 2020 pasó por tres trimestres de cierres a ventanillas, redujo significativamente sus sesiones del órgano de gobierno, que es el máximo tribunal que puede decidir sobre la actuación del organismo. Según sus reportes anuales, a partir del arranque de la presente administración, el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) redujo 66% sus sesiones para aprobar permisos en materia eléctrica y de combustibles para privados, luego de que entre 2019 y 2020 ha sesionado en un promedio de 22 veces por año, mientras que del 2013 al 2018 este promedio era fue de 65 sesiones por año. 

En el informe, la CRE admitió lo que ha provocado tanto descontento a la industria: que en 2020, el órgano de gobierno sesionó en 23 ocasiones, de las cuales 15 fueron ordinarias y 8 extraordinarias.

Y a pesar de que no había restricciones de movilidad, en 2019 sesionó incluso menos, únicamente en 21 ocasiones de las cuales 10 fueron sesiones ordinarias y 11 extraordinarias. En contraste, del 2013 al 2018 el órgano de gobierno sesionó 390 veces, a un promedio de 65 sesiones por año, de las cuales 302 sesiones en total fueron ordinarias y 82 extraordinarias, lo que significa que en promedio tuvo 50 sesiones ordinarias y 13 extraordinarias antes del arranque de las presente administración. Según la industria, desde el año pasado se han promovido más de 400 amparos contra los ordenamientos de la actual administración. 

karol.garcia@eleconomista.mx