El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para dar certidumbre jurídica a los empresarios en los procesos de investigación sobre prácticas anticompetitivas, al crear salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e impugnar ante esta instancia.

También, por primera vez en México, se podrá sancionar con prisión a aquellos directivos o empleados de la empresa que participen en prácticas anticompetitivas, como fijar precios o restringir el abasto en el mercado. Esto, ante la insuficiencia de las multas económicas para disuadir la acción.

Por mayoría de votos

Avalado por 386 votos, 15 en contra y dos abstenciones, el decreto fue aceptado por la Asamblea sin cambios, ya que las reservas presentadas por el PT para basar las multas antimonopólicas sobre los ingresos globales de las empresas no fueron apoyadas.

Se reforma el artículo 35 de la LFCE para endurecer las multas económicas hasta por 10% de los ingresos acumulables, excluyendo los obtenidos de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, a las empresas que incurran en una práctica monopólica, oligopólica o concentraciones en el mercado.

El priísta Idelfonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía en San Lázaro, sostuvo que la reforma sobre competencia económica resulta la iniciativa más trascendente que aprueba la Cámara de Diputados en su primer periodo de la Legislatura.

Al otorgar mayores facultades al pleno de la Comisión Federal de Competencia para tener pesos y contrapesos; herramientas para perseguir monopolios, así como transparencia y rendición de cuentas en el organismo regulador, se pone a México a la altura de las mejores prácticas internacionales, que tendrá un impacto directo a la competitividad, con mejores precios , afirmó el legislador.

Los diputados aprobaron la incorporación de las audiencias orales, en donde los probables responsables o denunciantes de prácticas anticompetitivas puedan aclarar sobre la determinación de la investigación.

Otra de las modificaciones a la Ley de Competencia vigente es la simplificación de regulación en relación con la notificación de concentraciones que no estén asociadas a problemas de competencia.

Se faculta a la CFC para investigar y resolver actividades que no estén comprendidas dentro de las áreas estratégicas referentes al Artículo 28 constitucional que desarrollan las dependencias y organismos en sus términos.

Elaborar un diagnóstico anual en materia de precios y abasto de artículos de consumo necesarios e insumos para la producción y en las contrataciones de servicios, materiales y obras de las diversas dependencias de la administración pública, es otra de las tareas que deberá realizar la Comisión.

La minuta de reforma fue enviada al Senado, lugar en donde se enfrentará a otro reto.

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