El mes de noviembre será clave para la industria petrolera privada en México, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) sostendrán una reunión para revisar los avances de los contratos otorgados en la reforma energética y determinarán la posible reanudación de las licitaciones petroleras en el país.

La consultoría para la Amexhi, Talanza, refirió en su análisis que la condición que el gobierno estableció en la reunión sostenida en enero de este año para seguir con estos procesos fue que se llegara a una producción de 50,000 barriles diarios al concluir el 2019, meta que se cumplirá en diciembre mediante la producción de 15 de los 111 contratos petroleros otorgados, mismos que en septiembre ya aportaron una extracción de 44,000 barriles por día.

“Las compañías privadas ya han invertido 10,000 millones de dólares en el país e ingresos para el gobierno de 2,000 millones de dólares, junto con nuevas actividades en exploración y desarrollo que involucran el compromiso de 642 pozos”.

En tanto, la producción estimada de los contratos al 2024 será de 394,000 barriles diarios sin incluir las migraciones del régimen anterior en las que participa Petróleos Mexicanos (Pemex) como socio en proporciones que van desde 49% en el caso de un anterior contrato incentivado, hasta 100% en la migración que Pemex hizo sin socio a partir de una asignación, según ha establecido la Amexhi.

Carga regulatoria

Sin embargo, al igual que en la pasada reunión de enero entre la asociación, que agrupa a 50 de las petroleras privadas más grandes del país, la industria reitera que la carga regulatoria para acelerar las actividades productivas en exploración y producción de hidrocarburos continúa siendo el mayor obstáculo para acelerar las inversiones en el sector.

Por ejemplo, en condiciones normales de revisión por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de ejecución de un proyecto por parte de un operador, incluyendo el envío posterior de aprobación de un plan, así como las solicitudes y aprobación de perforaciones, una empresa se puede tardar más de 20 meses entre la firma del contrato y el arranque de la perforación del primer pozo. Esto se deriva de que hay más de 250 obligaciones administrativas que se deben desahogar ante por lo menos 10 organismos distintos, ya que en el proceso participan además del regulador de exploración y producción del país, otros como la Secretaría de Economía, la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, la Secretaría de Energía y autoridades estatales, municipales y de seguridad pública, entre otros.

“La transición hacia una regulación más flexible será la clave para lograr metas más altas en menor tiempo”, aseveraron.

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